El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón ha dictado una sentencia histórica contra la compañía petrolífera British Petroleum (BP), condenándola a indemnizar con más de 4 millones de euros a un grupo de 3.200 transportistas. Esta resolución judicial responde a la macro demanda colectiva impulsada por Fenadismer debido a los sobreprecios abusivos que BP aplicó en la venta de carburantes desde el año 2007.
La decisión judicial, comunicada esta semana a las partes, se apoya en la resolución previa dictada por la Comisión Nacional de la Competencia, posteriormente confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Dicha resolución había sancionado a la petrolera por llevar a cabo prácticas restrictivas de la competencia en el mercado español de hidrocarburos.
Sobreprecios continuados y demostrados
El juez ha considerado probado que la infracción, sostenida durante más de diez años, generó sobreprecios significativos en la venta de gasóleo A, que alcanzaron un promedio de 6,96 céntimos por litro, llegando en algunos años a cerca de 10 céntimos por litro por encima del precio real.
El cálculo de estos daños fue llevado a cabo por peritos independientes mediante un método denominado de «diferencia de las diferencias», basado en la comparación de los precios antes, durante y después del periodo de infracción, además de comparar con productos similares no afectados por dichas prácticas. Esta metodología ha sido calificada por el juez como «robusta y adecuada», teniendo en cuenta la enorme cantidad de pruebas aportadas, en concreto más de medio millón de facturas presentadas por los transportistas reclamantes.
Fenadismer destaca la importancia de esta sentencia pionera
Desde Fenadismer han calificado esta resolución como «pionera e histórica», destacando su relevancia en la lucha contra los grandes carteles empresariales que perjudican tanto a consumidores particulares como profesionales mediante prácticas que elevan artificialmente los precios finales. La federación subraya la necesidad de que los poderes públicos faciliten mecanismos legales adecuados para que los consumidores puedan reclamar judicialmente los daños causados por estas prácticas.
Esta condena marca un precedente fundamental para futuras reclamaciones colectivas en España y refuerza el papel de las organizaciones en la defensa de los derechos de consumidores y transportistas ante abusos cometidos por grandes empresas en sectores estratégicos como el de los carburantes.
