En primer lugar, aboga por liberalizar los servicios de transporte de viajeros en autobús para distancias superiores a 100 kilómetros. Igualmente, se propone establecer un organismo regulador independiente que supervise el proceso de liberalización. El regulador se encargaría de supervisar las condiciones de acceso a las estaciones de autobuses, conforme a un nuevo procedimiento de acceso, y resolver los conflictos entre los servicios comerciales y las concesiones restantes, a través de la implementación de un test de equilibrio económico. A su vez, para materializar las ganancias de eficiencia de la liberalización, se recomienda reevaluar la cobertura actual del sistema concesional, garantizando aquellas conexiones no cubiertas por el mercado liberalizado cuya cobertura sea considerada de interés general y asegurando una financiación suficiente para estos servicios. Para evitar los subsidios cruzados entre las concesiones y los servicios comerciales, sería necesario asegurar la transparencia y separación contable de la operación de las concesiones restantes y su licitación. Por último, para promover la competitividad de los operadores de menor tamaño, se recomienda que los operadores de plataforma permitan el acceso a los datos de operación de los operadores con los que subcontraten y que se abstengan de prohibirles la contratación con otros operadores de plataforma.
‘Las medidas propuestas tienen carácter complementario, por lo que sería recomendable que se aplicaran en su conjunto’
En segundo lugar, sería recomendable mejorar el diseño de los pliegos de licitación, para eliminar barreras a la competencia y asegurar una gestión eficiente de las concesiones restantes. Se recomienda favorecer la división en lotes y una menor duración de los contratos, siempre que sea posible, y eliminar las obligaciones de adscripción de flota y personal a las concesiones. El personal subrogado debería ser únicamente aquél vinculado a la concesión. A su vez, se recomienda relajar los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos hasta el mínimo indispensable, garantizando que puedan ser cumplidos por nuevos entrantes, cuantificando la experiencia en términos del output de la prestación y evitando la imposición de exigencias que discriminen a los operadores de mercados conexos, o aquellos de menor tamaño que concurran en UTE. En lo referente a la oferta económica, debería ser decisiva para la adjudicación del contrato, frente a la oferta técnica, en cuya valoración se deberían priorizar los criterios objetivos puntuables de forma automática. Por último, se recomienda reforzar la cooperación interterritorial en el diseño de los pliegos, colaborando para establecer un pliego-tipo, que refuerce la seguridad jurídica de los operadores y asegure unas condiciones de competencia adecuadas en los concursos.
Gestión adecuada
En tercer lugar, la Comisión considera interesante asegurar una adecuada gestión de las concesiones restantes por parte de las Administraciones Públicas. En particular, se recomienda licitar las concesiones caducadas, conforme a un calendario de licitaciones planificado con antelación y que respete el orden de caducidad. Las Administraciones deberían espaciar las licitaciones para fomentar la presentación de ofertas por los operadores de menor tamaño, evitando la licitación simultánea de todo el mapa. A su vez, es deseable que las Administraciones que cuentan actualmente con concesiones caducadas las liciten para evitar solaparse con las licitaciones del resto. Para incentivar una correcta planificación, se recomienda modificar la LOTT para que se declaren liberalizados los servicios una vez transcurridos dos años desde su caducidad en ausencia de convocatoria de un nuevo concurso. Por último, se propone reformar la LOTT y la normativa autonómica para reforzar los límites a la modificación sustancial de los contratos vigentes, y respetar el carácter excepcional de las prórrogas de los contratos.
Y para finalizar este paquete de recomendaciones, CNMC propone mitigar las ineficiencias asociadas al sistema concesional. Se recomienda que las Administraciones refuercen las obligaciones de transparencia de los concesionarios, para mejorar la planificación de la red y la supervisión de la gestión. Las Administraciones deberían garantizar el acceso libre y transparente a los datos de operación de la concesión, para permitir que los potenciales licitadores puedan planificar sus ofertas con antelación. Por otro lado, la CNMC propone una revisión del marco institucional vigente para garantizar una representación equilibrada de todos los agentes involucrados, incluyendo las asociaciones de usuarios y las de operadores de menor tamaño. También se propone la introducción de mejoras en el diseño de los contratos, introduciendo fórmulas contractuales que fomenten la calidad del servicio, y de la red de transporte público, fomentando la iniciativa privada en la planificación. Con el fin de optimizar el gasto público en transporte, se recomienda que las Administraciones refuercen la cooperación interterritorial, abordando el diseño de la red de transporte público desde una perspectiva integral y multimodal. Por último, se propone la eliminación de la segmentación artificial de los mercados conexos, permitiendo la libre prestación de servicios, con sujeción a comunicación previa de los servicios reiterados para garantizar el equilibrio de las concesiones restantes.
