En un escrito formal al ministro Montoro del secretario general de la UITP, Alain Flausch, se hace hincapié en que España es el único país de Europa que carece de una ley de financiación del transporte público o, lo que es lo mismo, de un marco legal que delimite las obligaciones, competencias y aportaciones de todas las administraciones
En un escrito formal al ministro Montoro del secretario general de la UITP, Alain Flausch, se hace hincapié en que España es el único país de Europa que carece de una ley de financiación del transporte público o, lo que es lo mismo, de un marco legal que delimite las obligaciones, competencias y aportaciones de todas las administraciones. Se trata de una reivindicación histórica de Atuc y que busca resolver el problema de la financiación del transporte público en España. Una cuestión que adquiere mayor dimensión en el momento actual de recuperación económica, y por tanto de viajeros, y de replanteamiento de la movilidad en las ciudades hacia medios más sostenibles.
La Ley de Financiación del Transporte Público, entre otras cuestiones, permitiría a las administraciones actuar con previsión y saber en qué y cuánto pueden invertir, con un horizonte a cinco años vista. Al mismo tiempo, Atuc estima necesario encontrar otros mecanismos que ayuden a costearlo, tal como hacen por ejemplo en la actualidad Francia y Alemania. En el primer país, está el llamado ‘Versement Transport’, un sistema de tasa directa de la que se hacen cargo empresas privadas con plantillas a partir de once empleados y situadas en localidades de al menos 10.000 habitantes.
Otro ejemplo es el de Alemania, que tiene establecido un impuesto llamado ‘Mineralösteuer’, un ‘céntimo verde’ que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público, y que responde a la máxima europea de “quien contamina, paga”.
Resolución de problemas
Por otra parte, la norma vendría a resolver la falta de homogeneidad y equilibrio en el reparto de las subvenciones estatales, corrigiendo así desequilibrios entre ciudades que apenas reciben 0,05 euros por habitante, y otras en cambio superan los 20 euros. Y es que en la actualidad se fija la subvención teniendo en cuenta principalmente el déficit del billete, que tiene un peso del 85%, pero
otros factores como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían tener más importancia en el reparto, apenas suponen el 15% de la subvención.
La ley además también establecería un
protocolo para la financiación de medidas sociales que impliquen subvención al transporte (reducción de precio o gratuidad a colectivos sensibles, tercera edad, menores, etc.), y que son cada vez más recurrentes por parte de los ayuntamientos.
