A ésta se suman las decisiones tomadas anteriormente por Bélgica y Francia relativas a la prohibición de descanso en cabina, que tienen como efecto "atentar contra el principio fundamental establecido en el Tratado de la Unión sobre la libre circulación de personas y mercancías", señalan desde Fenadismer.
En tal sentido, el Ministerio de Fomento a través del embajador representante adjunto ante la Unión Europea planteó dicha cuestión la semana pasada ante los directores generales de Transporte y Mercado Interior de la Comisión Europea, alertando sobre las consecuencias de la aprobación unilateral de dichas medidas y la necesidad de una defensa efectiva del Mercado Interior.
En respuesta a dicho planteamiento, la Comisión Europea ha confirmado la apertura el pasado 21 de enero de un procedimiento contra Alemania para estudiar el impacto y ámbito de aplicación de dicha medida así como su compatibilidad con la reglamentación europea, estando previsto que la comisaria de Transportes se reúna con las autoridades alemanas a lo largo de esta semana.
Para poder argumentar dicho procedimiento europeo contra la normativa alemana, el Ministerio de Fomento ha solicitado a las asociaciones de transportistas que le remitan toda la información que sea posible sobre las pérdidas económicas que dicha medida puede estar suponiendo a las empresas transportistas que circulen por Alemania.
Desde Fenadismer se ha puesto a disposición de todas las empresas transportistas españolas que deseen aportar información al respecto nuestra red de asociaciones territoriales o bien a través de nuestro buzón de internet info@fenadismer.es.
Antecedentes del caso alemán
El pasado 1 de enero entró en vigor la Ley aprobada por el Parlamento alemán por la que se regula por primera vez el salario mínimo interprofesional, estableciéndolo en 8,50 euros/hora, lo que debe ser aplicado todos los sectores de actividad, incluidos los servicios de transporte por carretera que discurran por territorio alemán prestados por empresas extranjeras.
Dicha norma obliga a las empresas a documentar en alemán toda la planificación de la actividad laboral de sus conductores y notificarla a las autoridades alemanas antes de realizar cualquier servicio de transporte, debiendo conservar dicha documentación a disposición de los servicios aduaneros durante al menos dos años para su inspección y verificación.
Ello motivó a la eurodiputada española, Izaskun Bilbao Barandica, a plantear una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea, en la que denuncia que la nueva regulación alemana impone "onerosas cargas y requisitos burocráticos a las empresas de transporte que quieran operar allí", por lo que solicita que la Comisión Europea estudie "la compatibilidad de esta norma con los principios de competencia y libertad de movimiento de bienes y servicios que caracteriza el espacio comunitario", instando asimismo a que se retrase la entrada en vigor de dicha norma.
No obstante, la eurodiputada española comparte la necesidad de limitar mediante este tipo de medidas el dumping social, instando a que se promueva una norma europea que persiga estos fines ya que a su juicio "el intento no tendrá éxito si se articula mediante iniciativas unilaterales como las adoptadas, por ejemplo, por Bélgica, Francia y ahora por Alemania".