El acuerdo, alcanzado entre el ministro responsable del transporte en el país vecino, Fréderic Cuvillier, y seis ministerios más de su Gobierno se presenta en el marco trienal (2013-2015) de su programa de lucha contra la competencia desleal y el llamado ‘dumping social’.
Cumplimiento de la legalidad
La Asociación quiere dejar patente su apoyo al cumplimiento de la legalidad europea y reconocer el derecho que asiste a los países miembros de la UE para legislar en contra de la competencia desleal, si bien alerta contra un posible rigidez de las medidas a aplicar y un exceso de control a las empresas de transporte que no sean francesas. Astic teme que, vistos los antecedentes, esta medida pueda transformarse en una persecución más o menos descarada contra empresas competidoras de otros países, por lo que insta a las autoridades españolas y a la propia IRU a permanecer vigilantes ante la aplicación de esta instrucción.
La instrucción interdepartamental expedida a los prefectos franceses prevé que los controles persigan el cabotaje ilegal, el empleo ilegal y velen por el cumplimiento de las regulaciones relativas a tiempos de conducción y descanso, entre otras. El propio ministro francés ha advertido que reforzará la eficacia de las normas que protegen a las empresas y trabajadores franceses y las sanciones administrativas para conseguir un efecto disuasorio.
Astic ha resaltado la coordinación y determinación existentes entre las autoridades francesas a la hora de defender al sector del transporte de su país.
Ramón Valdivia, director general de Astic, asegura que "siento envidia sana de la coordinación que han mostrado los organismos vecinos. En Astic tendemos la mano a las autoridades españolas para que entre todos, tanto las diferentes asociaciones del sector del transporte por carretera como la propia Administración, busquemos puntos de encuentro y soluciones a los graves problemas que nos afectan".