El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en una estrategia participativa y sin precedentes en Europa para combatir la pobreza de transporte en España. El objetivo es garantizar una movilidad accesible, eficiente, sostenible y saludable para toda la población, independientemente de su nivel de renta o lugar de residencia.
La pobreza en el transporte se define por una serie de barreras que afectan a la movilidad cotidiana
La iniciativa comenzó en diciembre de 2023 con un proceso de consulta a la sociedad civil, en el que han participado empresas, colectivos y organizaciones del tercer sector. Además, se desarrolla en coordinación con Presidencia del Gobierno y otros 11 ministerios, reforzando su carácter transversal.
La secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández del Olmo, presentó recientemente el informe “Pobreza del Transporte”, elaborado por el Observatorio del Transporte y la Logística en España. Este documento sienta las bases del plan estratégico, al analizar las causas de este fenómeno y ofrecer datos para diseñar políticas públicas específicas que permitan mitigarlo.
La llamada pobreza de transporte no se limita al nivel de renta, sino que se define por una serie de barreras que afectan a la movilidad cotidiana. Entre ellas: la dificultad para asumir los costes del transporte público o privado, la falta de disponibilidad de servicios adecuados, el tiempo excesivo requerido para llegar a centros esenciales como el trabajo, la sanidad o la educación, y la escasa adecuación del transporte a las necesidades de personas vulnerables.
El informe recoge datos que revelan profundas desigualdades entre el entorno rural y el urbano. Por ejemplo, mientras en las ciudades un servicio básico suele encontrarse a una distancia media de 2,5 kilómetros, en zonas rurales la media asciende a 9. Esta diferencia, unida a la baja disponibilidad de transporte público fuera de los núcleos urbanos, refuerza la dependencia del vehículo privado.
En cuanto al impacto económico, las familias en áreas rurales destinan un 14,1% de su presupuesto anual al transporte, frente al 10,6% de los hogares urbanos. Este sobreesfuerzo responde, en gran medida, a la necesidad de utilizar coche propio para desplazarse, en contextos donde no existe una alternativa eficiente de transporte público.
Además, el 13,3% de las personas con menos ingresos carece de vehículo, lo que limita gravemente su autonomía y acceso a servicios esenciales.
Brechas sociales y soluciones estructurales
El informe también identifica otros factores que agravan la pobreza de transporte, como la falta de información accesible, la baja oferta para personas con movilidad reducida, la brecha digital o las desigualdades de género, edad y origen racial. Todos ellos serán contemplados en la futura estrategia del Ministerio.
Con este enfoque, Transportes busca construir una política de movilidad realmente inclusiva, que tenga en cuenta las realidades diversas del territorio español y promueva soluciones específicas para quienes más lo necesitan. Una apuesta que convierte a España en referente europeo en la lucha contra una forma de desigualdad que, hasta ahora, ha permanecido invisibilizada.
