La Comisión Europea ha anunciado que, por ahora, no considera necesario restablecer la medida de retorno obligatorio de los camiones a su país de establecimiento cada ocho semanas. Esta obligación, incluida en el Paquete de Movilidad aprobado en 2020, fue anulada el pasado mes de octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras el recurso presentado por siete países del Este de Europa.
Un punto clave del Paquete de Movilidad
La norma de retorno obligatorio de los camiones constituía uno de los aspectos más relevantes del Paquete de Movilidad, pues buscaba equilibrar la competencia entre las empresas de transporte y mejorar las condiciones de los conductores. Sin embargo, el TJUE anuló esta disposición basándose en motivos técnicos, al considerar que no se había justificado suficientemente su proporcionalidad al aprobarla.
Fin del recurso, pero no del debate
En estos últimos años, diversos países del Este de Europa han mantenido una ofensiva judicial contra varias regulaciones del Paquete de Movilidad, argumentando que ciertas exigencias sociales y de competencia contenidas en la normativa les perjudicaban gravemente. Con la anulación de la medida, dieron un paso importante en esta batalla legal.
El recién nombrado Comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha declarado que reinstaurar la norma podría generar ineficiencias en el sistema de transporte, además de incrementar las emisiones y provocar congestión innecesaria en la red viaria de la UE. No obstante, la Comisión Europea vigilará cualquier efecto negativo que la supresión de este requisito pueda acarrear, en particular en las condiciones de trabajo de los conductores, y se reserva la posibilidad de adoptar medidas adicionales de ser necesario.
Repercusiones para el sector
Según Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), la decisión de la Comisión pone de relieve la complejidad de la pugna legal en torno al Paquete de Movilidad, aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Europeo en 2020. Esta normativa nació para garantizar una competencia más equilibrada entre operadores de transporte y proteger los derechos sociales de los profesionales del sector.
A la espera de posibles nuevas propuestas legislativas, el transporte internacional de mercancías deberá adaptarse a un marco jurídico en permanente evolución, marcado por la tensión entre eficiencia, equidad competitiva y bienestar de los conductores.
