El Gobierno de España anunció un incremento de 10 céntimos por litro en el impuesto al diésel –un 25% más que el actual– para equipararlo al de la gasolina. En un contexto en el que se consumen más de 25.000 millones de litros anuales, la mitad destinados al transporte profesional, las asociaciones del sector rechazaron de forma unánime la medida, alertando sobre su impacto económico negativo y la pérdida de competitividad. Durante una rueda de prensa en Bruselas, el Ministro de Economía manifestó su intención de aprobar la subida mediante Decreto-ley, pese a que intentos previos fueron rechazados en el Congreso, lo que ha encendido el debate y suscitado la posibilidad de movilizaciones contra la iniciativa.
El Ministerio de Economía anunció recientemente que el Gobierno aprobará, en las próximas semanas, un aumento de 10 céntimos por litro en el impuesto al diésel, con el objetivo de equipararlo al de la gasolina, lo que representaría un incremento del 25% sobre el impuesto vigente. Sin embargo, esta medida ha sido rechazada de forma unánime por Fenadismer y otras asociaciones representativas del sector del transporte por carretera, que consideran que afectará de manera desproporcionada al sector, el principal consumidor de gasóleo de automoción en España.
En un comunicado, los representantes del sector señalaron que anualmente se consumen más de 25.000 millones de litros de gasóleo, de los cuales aproximadamente la mitad se destina al transporte profesional. Durante una rueda de prensa celebrada este martes en Bruselas, el actual Ministro de Economía manifestó su confianza en aprobar el aumento mediante un Decreto-ley, a pesar de los intentos fallidos en los últimos meses, que culminaron con el rechazo en el Congreso en noviembre pasado por falta de apoyo parlamentario.
Ante estos anuncios, las asociaciones de transportistas han instado a los grupos políticos a tumbar la medida en el Parlamento y no descartan la posibilidad de organizar movilizaciones en contra de la subida fiscal. Para el sector, la aprobación de este impuesto supone un impacto económico negativo considerable, que agravaría aún más las dificultades en un contexto de crecientes compromisos de financiación adquiridos con la Unión Europea.
Esta decisión del Gobierno, según afirman los representantes del transporte, podría comprometer la competitividad de un sector crucial para la economía del país, haciendo necesaria una revisión profunda de la medida.
