La Asociación Vieiros, que representa a los transportistas gallegos y está federada en Fenadismer, ha calificado de insuficientes las bonificaciones aprobadas para los peajes de las autopistas gallegas en 2025. Estas medidas, según la asociación, no logran solucionar los problemas estructurales de movilidad en Galicia ni incentivan adecuadamente el uso de las vías de alta capacidad por parte del transporte pesado.
Bonificaciones aprobadas para 2025
El Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre aprobó bonificaciones de hasta el 50% para los vehículos pesados en las autopistas AP-9 y AP-53, ambas de titularidad estatal. También se mantiene la gratuidad del tramo Vigo-Redondela y un descuento del 50% para los vehículos ligeros que realicen más de 20 viajes mensuales por el mismo tramo utilizando dispositivos de telepeaje. Sin embargo, la asociación destaca que estas medidas no resultan eficaces para el transporte de mercancías por carretera.
Además, como cada Año Nuevo, los peajes de la AP-9 subirán un punto porcentual por encima del IPC, en este caso un 4%, manteniéndose esta dinámica hasta 2048, cuando expira la concesión de Audasa. En cuanto a las autopistas AG-55 y AG-57, de titularidad autonómica, las tarifas aumentarán según el IPC, con incrementos máximos de 5 céntimos en algunos tramos.
Críticas y demandas del sector
Vieiros argumenta que las bonificaciones "planas", iguales para todos los tramos, no responden a las necesidades reales de movilidad ni incentivan suficientemente a los transportistas para utilizar las autopistas en lugar de las carreteras convencionales. Entre sus principales críticas destacan:
- Falta de incentivos específicos para el transporte pesado: El descuento del 50% no reduce el desvío del tráfico pesado hacia vías convencionales. Exigen bonificaciones adicionales por concurrencia o por trayectos de ida y vuelta en el mismo día, similares a las existentes para los vehículos ligeros.
- Ausencia de un Plan Director de Movilidad en Galicia: La asociación solicita un análisis exhaustivo de las infraestructuras viales para identificar los puntos críticos, mejorar la seguridad y evaluar el impacto económico de una posible liberalización de los peajes en áreas clave como parques empresariales y puertos.
Reclamo de competencias
La asociación insiste en que la gestión de la AP-9 debería ser transferida a la Xunta de Galicia, por ser la administración más cercana y conocedora de las necesidades del territorio. Esta demanda ha sido reiterada por el Gobierno gallego y el Parlamento autonómico, aunque el Gobierno central sigue negándose al traspaso, argumentando que la AP-9 pertenece a la red estatal y es clave para el tráfico internacional y el acceso a Portugal.
Vieiros subraya que únicamente una gestión desde Galicia puede garantizar una planificación eficiente que priorice la seguridad vial y las necesidades de movilidad del territorio. Mientras tanto, los transportistas gallegos seguirán enfrentándose a subidas constantes de los peajes, con bonificaciones que, según el sector, resultan insuficientes para aliviar su carga económica y fomentar un transporte más eficiente.
