La Diputación de Vizcaya ha decidido implantar peajes a camiones en las principales autovías y carreteras nacionales que discurren por dicha provincia, a pesar de la posición adoptada por el Gobierno estatal de no implementar peajes en las autovías y carreteras españolas debido a las consecuencias negativas que tendría para la economía española y especialmente a las exportaciones al resto de Europa.
A partir del 1 de julio, se ha extendido la implementación de numerosos arcos de control en diversas carreteras provinciales, incluyendo la A-8, N-636, BI-10 y BI-30 (antigua N-637), además de la BI-625 y la N-240. Estos arcos utilizan tecnología free-flow para gestionar el peaje a través de la verificación de matrículas, calculando automáticamente el importe basado en la categoría Euro del vehículo. De esta manera, el peaje se carga directamente a la empresa transportista propietaria del camión sin necesidad de detenerse.
Unos 600 euros mensuales será el sobrecoste que supondrá para los autónomos y empresas que transitan por dichas vías, según los cálculos realizados por la Federación. Este incremento tendrá un claro efecto inflacionista y afectará principalmente a los transportistas vizcaínos.
Los nuevos peajes aprobados por la Diputación de Vizcaya son considerados por Fenadismer como un simple "afán recaudatorio". Esta organización destaca que el sector del transporte por carretera ya contribuye suficientemente al mantenimiento de las carreteras vizcaínas a través de impuestos. Un ejemplo de esto es que en dicha provincia se suministran anualmente casi 500 millones de litros de gasóleo A, mayoritariamente provenientes de los vehículos de transporte. Esto permite a la Diputación Foral recaudar anualmente la considerable cantidad de 150 millones de euros solo por el impuesto de hidrocarburos.
