La ineficacia de la Ley de Morosidad española y la necesidad de una normativa europea son destacadas por CEPYME para combatir la morosidad y garantizar condiciones equitativas para las pymes.
El periodo medio de pago (PMP) ha subido en el primer trimestre, lo que agrava el problema de la morosidad. Según el último Observatorio de Morosidad elaborado por CEPYME, a partir de datos de Informa D&B y CESCE, el PMP se sitúa en 84,3 días. El incremento interanual en el plazo de pago fue de 0,9 días en el primer trimestre, siendo este el mayor en cuatro años. Esta evolución representa un serio obstáculo para las empresas españolas.
Los datos presentados ponen de manifiesto, una vez más, la ineficacia de la Ley de Morosidad española, que establece un plazo máximo de pago de 60 días, mientras se espera la nueva normativa europea sobre morosidad. Tras las elecciones al Parlamento Europeo, CEPYME, Confederación Española de la Pequeña y Media Empresa, que forma parte de Confebus, insta a las instituciones europeas a acelerar la aprobación de la nueva normativa comunitaria sobre morosidad. Específicamente, solicita al Consejo de Competitividad de la UE que opte por el reglamento en lugar de la directiva para homogeneizar eficazmente las normativas nacionales.
Condiciones equitativas
Es imperativo, según CEPYME, que se proceda con la tramitación de esta normativa europea con el fin de estandarizar la regulación y luchar contra la morosidad a nivel comunitario. De esta manera, se asegurarán condiciones equitativas para las pymes de todos los países miembros y se reducirán los impactos adversos que la morosidad causa en la liquidez de las empresas, poniendo en riesgo sus proyectos e incluso su supervivencia.
Al comienzo de la pandemia, el PMP experimentó una fase descendente, sin embargo, ya acumula tres trimestres seguidos sin registrar disminuciones. Este alargamiento de los plazos de pago se ve influenciado por la evolución de la inflación y de los tipos de interés. La reducción de los plazos de cobro se incentiva por la inflación con el fin de evitar la erosión del poder adquisitivo de las facturas por cobrar. En el entorno del 3% se ha situado en el primer trimestre. A pesar de seguir siendo elevada, la estabilización en ese rango reduce la presión para continuar acortando el plazo de cobro. Asimismo, la percepción de que la carrera ascendente de los tipos de interés ha quedado atrás habría contribuido también a relajar la presión por reducir los plazos de cobro de las facturas emitidas.
