La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado insta al Gobierno a implantar el Transporte a la Demanda, a nivel nacional.
Se entiende como un posibilidad de conciliar, de esta manera, el derecho de movilidad con la seguridad y protección de la salud, garantizando el sistema público de transporte y asegurando el acceso a los servicios básicos y esenciales del estado de bienestar.
Esta afirmación se incluye en una moción presentada por el Partido Popular, para su debate en la mencionada Comisión, entendiendo que el “Transporte a la Demanda ha significado un hito en el transporte público regular de viajeros iniciado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, siendo la primera región española que lo implantó con carácter sistémico en 2004, y que supuso, además, un alto nivel de desarrollo técnico, operativo y tecnológico, así como una gran aceptación social y una extensa cobertura territorial, que abarca a más de 3.100 localidades en la Comunidad Autónoma”.
Tras su implantación con éxito en Castilla y León, se ha extendido a Madrid, Murcia, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña
A este modelo de transporte se fueron sumando otras Comunidades Autónomas como Madrid, Murcia, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña, entre otras, “lo que demuestra un alto y contrastado nivel de implantación y de eficacia social, económica y medioambiental”. El comunicado añade que “es un referente en España en cuanto a la aplicación de medidas eficaces en zonas de escasa demanda o difícil cobertura, en las que no se justifica, ni social ni económicamente, un sistema convencional de transporte regular”.
“La situación de emergencia generada por la aparición del Covid-19 exige la adopción de medidas excepcionales que concilien la seguridad y la protección de la salud con el derecho a la movilidad mínima, que debe ser garantizado, prioritariamente, a través del sistema público de transporte para asegurar el acceso a los servicios básicos y esenciales del Estado del bienestar”, y el Transporte a la Demanda “fue concebido específicamente para prestar el servicio público de transporte en zonas y franjas horarias de baja demanda, reducir costes de explotación e interactuar con los viajeros, en el marco de los contratos de concesión de servicios públicos de transporte por carretera. Por tanto, ahora, aprovechando algunas de sus ventajas operativas y funcionales, puede ser un instrumento muy útil para incrementar los niveles de seguridad y protección de la salud de las personas”.
“La principal ventaja del Transporte a la Demanda, en estos momentos excepcionales de crisis, es que permite, sin menoscabo de los derechos fundamentales, incrementar la seguridad y protección de la salud de las personas viajeras y de la sociedad en general al identificar al viajero, conocer los motivos de viaje y gestionar adecuadamente las ocupaciones de los vehículos”, concluye el Grupo Parlamentario Popular.