Desde el gobierno catalán se intenta transmitir tranquilidad, amparados en la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de septiembre, que declara la vigencia de toda la legislación española y comunitaria en el hipotético nuevo Estado catalán. Pero en la práctica, la declaración de independencia posibilitaría que los transportistas del resto de España y de los demás países de la Unión Europea pudieran circular libremente por el territorio catalán al amparo de la autorización europea de transporte por carretera denominada licencia comunitaria. Sin embargo, al convertirse Cataluña en un Estado no miembro de la Unión Europea, no estaría nada claro que las empresas de transporte radicadas en Cataluña tuvieran idéntica libertad de tránsito para poder operar tanto en España como en el resto de los países comunitarios, al no existir un acuerdo bilateral previo entre Cataluña y la Unión Europea que reconociera tales derechos. Un total de 4.405 empresas de transporte catalanas operan en la actualidad en el ámbito de la Unión Europea, las cuales cuentan con una flota de 17.410 vehículos
17.468 empresas transportistas catalanas operan en España
En los últimos días Fenadismer está recibiendo numerosas consultas de empresas de transporte catalanas sobre la posibilidad de trasladar su sede social a otras Comunidades Autónomas limítrofes. Con vistas a una eventual declaración de independencia de Cataluña, Fenadismer solicitará tanto al Ministerio de Fomento como a la Comisión Europea un dictamen interpretativo sobre sus efectos y consecuencias que tendría para el sector del transporte por carretera tanto a nivel nacional como internacional.