La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) ha manifestado su rechazo a la iniciativa de la Comisión Europea (CE) y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) de crear un mercado automotriz artificial mediante normativa. ASTIC considera esta estrategia inaceptable e inconveniente, ya que distorsionaría el libre mercado y afectaría negativamente a los transportistas y sus clientes.
Según el comunicado emitido por ACEA, los fabricantes europeos han expresado su preocupación por la viabilidad de cumplir con los objetivos de incorporar un porcentaje creciente de vehículos cero emisiones en la Unión Europea. Dado que el mercado aún no está preparado para una transición abrupta, la estrategia de ACEA busca trasladar parte de la responsabilidad a los operadores de flotas y sus clientes, imponiendo medidas indirectas como peajes diferenciados o incentivos para que las empresas cargadoras exijan transportistas con flotas eléctricas.
Para ASTIC, este intento de regulación representa una distorsión del mercado en una economía que debería regirse por el libre comercio. Según Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, la intención de garantizar de manera artificial un mercado para los vehículos cero emisiones es incomprensible en un sistema capitalista como el de la UE.
Además, ASTIC señala varios problemas en la propuesta de ACEA:
ASTIC reconoce que la industria automotriz enfrenta un dilema real ante las exigencias regulatorias y la realidad del mercado. Sin embargo, insiste en que la presión sobre las flotas y transportistas debe evaluarse con cautela y en un proceso de diálogo abierto.
"Una transición exitosa no solo debe impulsar la oferta de vehículos eléctricos, sino también garantizar que haya demanda real y condiciones adecuadas para su implementación. Cualquier regulación apresurada podría tener efectos negativos tanto para el medioambiente como para la sostenibilidad económica del sector", concluye Valdivia.
La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1960. Forma parte de la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) y representa los intereses del sector en España y Europa. Con más de 240 empresas afiliadas, trabaja para mejorar las condiciones del transporte internacional, promoviendo normativas equilibradas y sostenibles para el sector.