La celebración del Confebus Journey, la semana pasada en Zaragoza, albergó una interesante mesa redonda en la que se dieron cita hasta cinco directores generales de Transporte de distintas Autonomías españolas. Y todos concluyeron, entre otras cuestiones, en que el nuevo mapa concesional en el que trabaja el Gobierno no es del todo favorable para sus respectivos intereses regionales.
Mesa directores generales formada por Rubén Sobrino / Cristóbal Maza / Luis Miguel Torres / Juan Ortiz (gerente del CTAZ) / Manuel Ríos / Arantza Fernández.
Arantza Fernández, directora general de Transportes del Principado de Asturias, fue la primera en afirmar que “la pandemia supuso un cambio de paradigma, poniendo al ciudadano en el centro”, antes de poner en valor la tarjeta Conecta, “que en 10 meses ya supera los 186.000 usuarios. Estamos muy satisfechos por su acogida por más del 19% de la población, que pueden viajar por toda Asturias por 30 euros mensuales máximo. Esperamos que siga mejorando ese porcentaje”.
La directora asturiana tiene por delante un proceso de “nuevas licitaciones sobre la base de premisas como garantizar los servicios (reforzados el último año), marco normativo y financiero estable, o la garantía de subrogación obligatoria para las plantillas. También contemplamos una renovación de flota, con mayor puntuación para los vehículos más modernos”.
Manuel Ríos, director general de Transporte y Logística de la Generalitat Valenciana, expuso que su Administración debe “diseñar dos modelos de transporte”, dado que la costa está muy poblada pero las zonas del interior no. “En 2018 se diseñó un mapa concesional que ha tardado mucho en integrarse: actualmente tenemos 13 concesiones adjudicadas de un total de 40, y esperamos que se complete a finales de 2025”.
Maza: ‘El autobús es la herramienta más potente hacia la sostenibilidad’
Ríos también apuntó que las ZBE han pillado “un poco por sorpresa a los 15 municipios de más de 50.000 habitantes” que hay en la Comunidad, que deben ahora “adecuar los PMUs para conseguir algo que necesitamos: una red de transporte público consolidada”.
El caso madrileño fue explicado por Luis Miguel Torres, su director general de Transportes y Movilidad, quien avanzó que “el borrador del mapa está en ciernes, gestionado a través del Consorcio. Nace con un plan de concesiones de 10+5 años y debe atender tanto a los cambios en los patrones de movilidad como a los retos que tenemos por delante en materia de descarbonización”. Torres considera que “en los primeros borradores de nuestra Ley de Movilidad, queremos evitar estigmatizar cualquier modo. El precio sigue pesando en el trasvase modal (el usuario paga sólo el 20% del precio del abono, aproximadamente) y eso es algo que debemos abordar” de cara al futuro.
Cristóbal Maza, director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura, recordó que en su Comunidad se mantiene “el abono gratuito”, para lo que se ha elevado un 50% el presupuesto “porque necesitamos llevar viajeros al autobús. Buscamos que no suban sólo los que no tengan más remedio, sino que sea una alternativa real”. “Pero hay que conseguir una sostenibilidad económica de las líneas, ya que el 93% son deficitarias, para lo que hemos actualizado la referencia al último Observatorio de Costes”, comentó Maza.
También reconoció que “luchamos contra la propia morosidad de la Administración, tomando medidas para reducirla, como que los pagos de las compensaciones serán trimestrales, o que el anticipo de los billetes llegue al 75%. Tenemos unas cifras de crecimiento de viajeros por encima de la media nacional, y ahora toca mejorar el servicio. Para ello, la estabilidad de los contratos es fundamental”.
Y, sobre los mapas concesionales, se mostró muy crítico, afirmando que “la movilidad es ahora muy diferente y hay que darle una vuelta a todo. El 30% de nuestras poblaciones no tienen conexión directa con su hospital de referencia. El nuevo mapa extremeño irá de la mano del estatal, pero tenemos que dialogar porque su propuesta inicial nos hace polvo”.
Por último, Rubén Sobrino, director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Castilla-La Mancha, entiende que “estamos en un momento muy dulce. Los precios son muy asequibles y registramos récord de demanda en algunos aspectos”.
En este sentido, “hemos duplicado el gasto en compensaciones por el déficit de explotación en apenas cuatro años, y es la senda en la que seguiremos trabajando”, además de resolver la movilidad rural, “algo que ya estamos empezando a conseguir. Tras realizar un diagnóstico en 2019, pusimos en marcha un transporte ‘sensible’ a la demanda. Es complicado en un principio porque no tiene horario fijo, pero con minibuses y micros estamos prestando un modelo de servicio que la ciudadanía ha acogido muy bien”.
La coordinación de las iniciativas autonómicas con la estatal estuvo sobre la mesa en todo momento. Para Fernández, “es indispensable el trabajo conjunto para un diseño de los mapas que sirva de guía a los planes de explotación de las licitaciones”, a lo que Ríos añadió que “los problemas, muchas veces, se arreglan con financiación”.
Maza denunció que “en Extremadura, 126 municipios se quedan sin servicio” en la primera propuesta, por lo que “los criterios deben cambiar, con un enfoque más global y acompañados por una financiación suficiente”.
Otro aspecto fundamental para todos los presentes es la descarbonización, asunto que para Rubén Sobrino “no es sinónimo de electrificar. Esperamos al mapa para dar el salto cualitativo hacia nuevas formas de propulsión, entendiendo que la transición ecológica no puede ser una revolución, debe ser paulatina”.
Maza dejó claro que “la propulsión eléctrica, fuera del ámbito metropolitano, tiene todavía mucho camino por recorrer. A nivel global, acerquemos al viajero al bus y que deje su vehículo particular, porque el autobús es la herramienta más potente hacia la sostenibilidad”.
En Valencia ya existe “lista de espera para las ayudas, porque las hemos agotado. Apostamos por la electricidad en las áreas más pobladas, y por lo más eficiente posible en el resto de operaciones, en función de lo que ofrezca el mercado”, contribuyó Ríos, experiencia muy similar a la vivida en Asturias.
Los directores generales compartieron con los presentes los planes que tienen en marcha para ir mejorando el servicio de transporte público. Así, en C-LM se incidirá en el transporte sensible a la demanda. Ya existen tres proyectos “que funcionan de manera distinta en cada caso. Gracias a la app y al algoritmo podemos desarrollar este modo de transporte. Los datos son muy buenos. En el más notable, el de Campo de Montiel, los viajeros internos de las concesiones de ese entorno han pasado de 3.000 anuales a 50.000. Nos faltan otros 12 proyectos, que se incluirán en el futuro mapa a medio plazo”, explicó Sobrino.
En Extremadura apuestan por “optimizar los viajes compartidos. Hicimos dos pilotos de transporte a la demanda, que nos dejaron distintas conclusiones, lo que demuestra que ‘no es café para todos’. También queremos explorar la combinación del escolar con el regular”.
En Madrid se irá implantando un transporte a la demanda con taxis en las zonas menos pobladas, mientras que en algunas zonas de Alicante se cede la gestión a los municipios del transporte a la demanda, prestado con vehículos flexibles más pequeños.
Por último, en Asturias se entiende la “movilidad como servicio. Estamos trabajando para desarrollar Conecta y que pueda ir integrando a todos los modos, incorporando nuevas utilidades como los tiempos de espera, transporte a la demanda, que puedan pedir taxis desde el móvil… Está muy avanzado”.
El aspecto de esa integración del Escolar en el Regular se observa de manera similar por regiones. En Extremadura, “a pesar de las reticencias de la comunidad educativa, hay casos de éxito y tenemos que optimizar”, según Maza, mientras que en Asturias, donde desde 2010 se cuenta con contratos zonales, se ha conseguido que “con los mismos recursos, ampliamos la oferta, sobre todo en zonas rurales. Estamos muy contentos con el resultado y se reflejará en las nuevas licitaciones”.
En la Comunidad Valenciana es un “sistema que queremos recuperar, para lo que tendemos a poner todos los asuntos de Transporte y movilidad en el mismo cesto y bajo la misma Administración”, aclaró Ríos, a lo que Torres añadió que “en Madrid trabajamos en un proyecto de rutas compartidas en zonas de alta densidad de colegios. Incentivaremos el uso del Especial, pero sin que incremente el déficit tarifario”. Y, por último, Sobrino reconoció que esta integración es “capital para nosotros. El mapa de 2017 ya recogía los contratos regionales, pero se paró a la espera del estatal”, concluyó.