Con la reciente aprobación en el Congreso de la reforma laboral que fija la jornada semanal en 37,5 horas, el sector del transporte de mercancías por carretera entra en una fase clave de análisis y adaptación. El nuevo marco legal, impulsado por el Ministerio de Trabajo y respaldado por los sindicatos CCOO y UGT, afectará de forma directa a unos 12,5 millones de trabajadores en España, según estimaciones oficiales. En el caso concreto del transporte, su aplicación plantea numerosos interrogantes operativos y económicos.
Multas de hasta los 10.000 euros por trabajador
Cuenta atrás hacia la implementación total en 2026
Aunque la norma ya ha sido publicada en el BOE, el Gobierno ha establecido un periodo transitorio que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas deberán cumplir plenamente con el nuevo límite de 37,5 horas semanales. Para facilitar esta transición, especialmente en sectores con condiciones laborales específicas como el transporte profesional, se ha previsto una adaptación progresiva de la normativa.
En el caso de los contratos a tiempo parcial, aquellos que igualen o superen la nueva jornada pasarán automáticamente a ser considerados de jornada completa. Por su parte, los contratos con menor duración deberán actualizarse en términos salariales de forma proporcional. Además, la norma endurece el régimen sancionador, con multas que pueden alcanzar los 10.000 euros por trabajador en caso de incumplimientos en el registro horario o la superación del tiempo máximo de trabajo.
Incertidumbre en el transporte profesional
El transporte por carretera, regulado en parte por el Real Decreto de Jornadas Especiales de Trabajo y, especialmente, por la normativa europea de tiempos de conducción y descanso, encara este cambio con preocupación. Las asociaciones sectoriales, como cetm y fenadismer, han advertido de las dificultades que puede generar una aplicación rígida de la medida sin tener en cuenta las particularidades del sector.
Desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) insisten en la necesidad de establecer una adaptación normativa que permita conjugar la reducción de jornada con la operativa real del transporte, especialmente en servicios de largo recorrido. “Preocupa cómo se armonizarán las 37,5 horas con la regulación europea vigente”, subrayan desde las organizaciones empresariales.
Impacto económico: menos margen, más costes
Uno de los principales temores del sector es el impacto económico de la medida. Se estima que la aplicación de la jornada reducida podría suponer un aumento medio de costes del 6%, debido al refuerzo de personal y a los ajustes en la planificación operativa. Además, se teme que haya una pérdida de productividad y una disminución en los volúmenes de facturación, sobre todo en empresas con flotas reducidas o márgenes muy ajustados.
En este escenario, el sector del transporte por carretera reclama un enfoque flexible y dialogado que permita implementar la reforma sin poner en riesgo la competitividad de las empresas. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Transportes, que deberán coordinarse para definir cómo se articula esta reforma en un sector clave para la economía nacional.
