La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) ha manifestado su firme rechazo a la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, argumentando que se trata de una medida impuesta sin contar con la opinión de los sectores más afectados. La organización, que representa a más de dos millones de pymes y autónomos en España, advierte que el impacto económico de esta reforma podría superar los 20.000 millones de euros, afectando gravemente a la viabilidad de las empresas más pequeñas.
Según CONPYMES, la decisión tomada exclusivamente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en acuerdo con los sindicatos, ignora la estructura empresarial del país, donde las pymes y autónomos representan el 99,8% del tejido empresarial y el 75% del empleo. Además, recuerda que el absentismo laboral en España se ha triplicado en la última década, alcanzando un coste anual de 13.961 millones de euros para las empresas, lo que agrava aún más la situación de muchas de ellas.
Una medida que ignora la realidad de las pymes
Para José María Torres, presidente de CONPYMES, la reducción de la jornada laboral no tiene en cuenta las diferencias entre sectores ni la realidad económica de España, siendo las microempresas las más perjudicadas. “En los últimos años ya han tenido que enfrentarse a grandes adversidades, como la crisis derivada del COVID-19 y el aumento de los costes operativos por la guerra de Ucrania”, ha señalado.
Las dificultades económicas de las pymes quedan reflejadas en los datos del Consejo General de Gestores Administrativos, que indican que 700.000 pequeños y medianos negocios cerraron en pérdidas en 2023, mientras que otros 600.000 presentan serios problemas de liquidez y el 26% aumentó su endeudamiento. Torres ha alertado de que “muchas empresas están al límite de su capacidad de resistencia, y 2025 podría suponer la puntilla para muchas de ellas debido a las incertidumbres económicas actuales”.
Presión fiscal y falta de competitividad
CONPYMES también ha destacado el aumento de la presión fiscal, el incremento de las cotizaciones sociales y la subida del coste de las materias primas como factores que han disparado los gastos operativos. Muchas pequeñas empresas se han visto obligadas a recurrir a la financiación para poder hacer frente a sus obligaciones, lo que pone en riesgo su sostenibilidad a largo plazo.
Torres ha criticado que España sigue estando a la cola en competitividad fiscal dentro de la OCDE, lo que dificulta aún más la posición de las pymes en un entorno global. “La presión fiscal en nuestro país es muy superior a la del resto de Europa, lo que nos impide ser competitivos y hace que cada vez sea más complicado emprender y generar empleo”, ha señalado.
Un modelo que enfrenta a empresas y trabajadores
Por último, el presidente de CONPYMES ha denunciado que la imposición de esta reforma está generando una confrontación innecesaria entre empresarios y trabajadores, en lugar de fomentar un entorno que incentive el crecimiento del tejido empresarial. “Cometemos un grave error como país al generar una guerra entre empresas y trabajadores, cuando lo que realmente necesitamos es fortalecer el emprendimiento y la inversión para generar más empleo y riqueza”, ha concluido Torres.
Desde la confederación han instado al Gobierno a reconsiderar esta reforma y abrir un diálogo real con el sector empresarial, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas en España.
