Descarbonización. Este término es, junto con la sostenibilidad, el que marca la práctica totalidad de las acciones, tanto políticas como empresariales, en nuestro día a día. Todo el planeta (o así debería ser) está de acuerdo en que necesitamos reducir nuestras emisiones de CO2 si queremos conservar nuestro hábitat, pero una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica. Más allá de grandes cuestiones macroeconómicas o supranacionales, tenemos un claro ejemplo doméstico que evidencia bastante bien la falta de coherencia que apreciamos en muchos niveles. El pasado 30 de abril finalizó el plazo del Plan Moves Mitma, que proponía una serie de ayudas a la descarbonización de las flotas de transporte. Una iniciativa aplaudida por el Sector, convencido en ocasiones de esta necesidad de descarbonizar y obligado otras veces, bien por la normativa, bien por sus propios clientes. Pero ha pasado mes y medio, y no se tienen noticias de que esas ayudas (u otras similares) vayan a volver a articularse a corto plazo. De este modo, el Gobierno marca una línea de acción que implica a las empresas ‘aguas abajo’, pero no pone en marcha los instrumentos necesarios para que se cumplan los objetivos. Y así es muy difícil Si tenemos en cuenta el agravante de que las ayudas sólo implicaban a vehículos eléctricos o de hidrógeno, dejando fuera otras soluciones que también descarbonizan más asequibles y accesibles (gas natural, biocombustibles, combustibles sintéticos, renovación de vehículos antiguos por diésel de última generación…), el reto al que se enfrenta el Sector se hace todavía más mayúsculo. Su voz se ha hecho escuchar en muchos foros últimamente, y dado que estamos en temporada de Asambleas y Congresos asociativos, a buen seguro que se repetirá el mensaje en varias ocasiones. ¿Escuchará esta vez el Ministerio? ¿Actuará en consecuencia?
