Ha sido la Comisión de Puertos de la Cámara de Comercio de España la encargada de canalizar esta reclamación contra la ampliación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de CO2 de la UE, que fija los términos de pagos por derechos desde el próximo 1 de enero de 2023 (20%) hasta sus plenos efectos, ya en 2026.
Como no todo es rechazar, la Comisión de Puertos de Cámara de España ha realizado diferentes propuestas de modificación de la directiva:
Modificación de la definición de Port of Call: Tal y como está diseñada, esta directiva puede generar efectos medioambientales contrarios a su propósito por la vía de fugas de carbono a través de desvíos de tráfico a puertos no UE, produciendo al tiempo efectos económicos negativos sobre las empresas exportadoras, limitando la frecuencia y las rutas disponibles de los barcos de mercancías e impulsando precios alza. Por ello, se ha propuesto evitar que una parada en un puerto de transbordo en un país no UE ponga a cero el contador de CO2 de la travesía.
Transición más progresiva para rutas transoceánicas de más de 3.000 km: A fin de evitar su desvío hacia otros puertos no UE, se ha planteado la extensión del esquema general de aplicación progresiva del pago por derechos de emisión para las rutas transoceánicas que cubran un recorrido superior a 3.000 km.
Esquema de incentivos y fondos para adaptación: Se estima que la puesta en marcha de un esquema de incentivos para operadores de rutas transoceánicas que realicen un número significativo de operaciones en puertos UE, frenaría el sobrecoste de los derechos de emisión y evitaría el cambio de rutas.
Consecuencias negativas
Tras el análisis de la Comisión de Puertos, el desvío de rutas hacia puertos no UE para tratar de eludir el pago de los derechos de emisión incentivaría el surgimiento de paraísos de CO2, generándose una fuga de emisiones de carbono desde la UE a países próximos. Además, este proceso alargaría las rutas e incrementaría el uso del transporte de mercancías por carretera y/o cabotaje, lo que generaría un mayor volumen neto de emisiones. Igualmente, podrían producirse distorsiones y desvíos de comercio perjudiciales para nuestro sector exterior, todo ello teniendo en cuenta que un 60% de las exportaciones y un 80% de las importaciones pasan por los puertos.
