La Asociación Provincial de Empresas de Transporte y Agencias de Málaga (Apetam) ha solicitado la colaboración de la Consejería de Educación y de la Agencia Andaluza de Educación (Apae) para buscar una solución a los daños ocasionados en los vehículos durante los servicios de transporte escolar. Según afirman, estos han sido cuantificados en un total de 90.000 euros entre roturas en asientos, tapicerías y reposición de elementos de seguridad como los cinturones de seguridad o martillos de emergencias, así como daños en los mecanismos de climatización o de apertura de puertas.
Reclaman que las sanciones contempladas en estos casos nunca se cumplen
«Aunque se contemplan medidas de sanción en los pliegos de las licitaciones, estás nunca se cumplen, a pesar de las reclamaciones de las empresas de transporte», asegura Antonio Vázquez, presidente de Apetam. «Y por ello, solicitamos la colaboración de la Apae como prestador del servicio, para que reclame a los centros esos daños. Las empresas no pueden asumir más esta situación».
Desde la asociación recuerdan que en los pliegos del concurso escolar se señala expresamente que «los centros que dispongan de transporte escolar, a fin de garantizar el uso adecuado de este servicio, deberán recoger en su Proyecto Educativo las normas de convivencia, de organización y funcionamiento«, así como que «establecerán las medidas preventivas y correctoras oportunas». En base a este texto, interpretar que corresponde a los centros escolares corregir el comportamiento y articular las medidas que procedan para garantizar el uso adecuado del servicio, algo que creen que no siempre se está llevando a cabo.
Un centenar de incidentes
En el último año, hasta un centenar de incidentes de cierta gravedad se han dado en autobuses con alumnado en la provincia de Málaga, siendo la tapicería, las lunas, el mecanismo de las puertas, los martillos de emergencias, los cinturones de seguridad, los extintores o los conductos de aire acondicionado los principales objetivos de agresiones y actos vandálicos.
«En el curso anterior y lo que se lleva transcurrido del presente, se han computado más de 90.000 euros en daños que tienen que pagar la pyme del transporte en un servicio público vital, con un margen de lo más ajustado», añade Vázquez. «Estas roturas en los vehículos no entran en las pólizas de seguro habituales, que no cubren daños propios en el interior del vehículo, por su enorme coste o por la negativa de las aseguradoras, con lo que el coste de cada reparación es más que considerable».
Por todo ello, desde la asociación se han solicitado fórmulas para compensar a las empresas, y que se atiendan las reparaciones de los vehículos y a la Consejería de Educación que dé instrucciones a los directores de los centros para tomar las medidas que sean necesarias de cara a evitar estos actos vandálicos.
