El tejido empresarial español sigue sin interiorizar qué es la digitalización, para qué sirve y cuál es su objetivo. En vez de acometer una imprescindible transformación con la finalidad de ganar competitividad, usan la tecnología para vigilar y controlar, de forma opaca y malintencionada, a sus empleados.
El último estudio de Eurofound , que analiza el uso de la tecnología para el monitorización y vigilancia de las personas trabajadoras, señala a las empresas españolas como unas de las que más usan este tipo de herramientas. En concreto, más del 40% empresas españolas usan el big data para vigilar el desempeño de sus empleados (ver gráfico más adelante). Un porcentaje muy por encima de la media de la UE-27 (menos del 30%) y de otros países que respetan escrupulosamente los derechos de las personas trabajadoras (por ejemplo, Alemania, con menos de 15%; Francia 25%, Reino Unido 26%).
Sin embargo, este despliegue tecnológico no es, ni mucho menos, tan intenso a la hora de aplicarlo en otros aspectos mucho más importantes. Así, el mismo uso de la tecnología de big data, pero aplicado a los procesos internos de negocio para mejorar la competitividad de las compañías, se sitúa en un deshonroso decimosexto puesto entre la UE-27. Un 13% por debajo de la media europea y a una gran distancia de competidores directos, como Francia, Alemania o el Reino Unido.
No es el único ejemplo en el que nuestro tejido empresarial muestra este errático comportamiento a la hora de abordar la digitalización. Ni en contrataciones de expertos TIC, ni en formación digital a empleados, ni en capacidad de comercio electrónico nos acercamos al liderazgo internacional que demostramos en vigilancia electrónica de empleados.
Como se puede comprobar, nuestras empresas no están comprendiendo cuál es la finalidad del proceso de transformación digital: ganar en eficiencia, ampliar ventas y negocios, mejorar su competitividad. Introducir soluciones informáticas para controlar a sus empleados no es digitalizar, no es invertir: es gastar inútilmente demostrando una mentalidad de otra época.
En 2020, tres de cada cuatro empresas tienen escasa capacidad digital
Como resultado de esta nefasta interpretación de prioridades, en pleno 2020, tres de cada cuatro empresas españolas presentan una muy baja intensidad digital y la inversión en innovación empresarial sigue siendo inferior a la realizada diez años atrás. La consecuencia es que nuestro saldo neto exterior online tiene un déficit de 12.000 millones de euros (menos de un tercio del negocio online que se efectúa en nuestro país se queda en España). Un pesado lastre para nuestra economía y para la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar.
UGT insta a las empresas a revisar sus estrategias de transformación digital y a replantearse si éste es el camino que quieren tomar. Fiscalizar hasta alcanzar el control abusivo de la actividad laboral, en vez de dar formación y empleabilidad, no es la opción adecuada. Hasta la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) ha advertido de cómo este aumento de la demanda de herramientas para la vigilancia de los empleados, derivado de la pandemia Covid19 y el aumento exponencial del teletrabajo, supone un retroceso en derechos y garantías de las personas trabajadoras. El futuro pasa por la tecnología aplicada al conocimiento, por personas trabajadoras motivadas y formadas; no por conformar una suerte de nuevo Gran Hermano laboral.
Las empresas deben cumplir las leyes y respetar los derechos a la intimidad y privacidad de los trabajadores
Del mismo modo, el Sindicato advierte a las empresas de que una aplicación masiva e indiscriminada de soluciones de big data y de control laboral a distancia, sin la debida información previa y la vigilancia sindical adecuada, entraña dos graves consecuencias. Por una parte, una más que posible vulneración de derechos fundamentales relacionados con la intimidad y la privacidad. Por otra, la tentación de dejar la gestión de las personas trabajadoras en manos de algoritmos, una opción hoy por hoy vedada por la ley, ante la constatación de que su inherente falibilidad y su demostrada propensión a tomar decisiones injustas y discriminatorias.
Por todo ello, UGT exige a todas las empresas un estricto y minucioso cumplimiento de las leyes vigentes (especialmente las referidas al trabajo a distancia y a la protección de datos y garantías de derechos digitales). Lo contrario supone un ataque a los derechos de las personas trabajadoras que no vamos a consentir.
