En este tiempo, hemos tenido la oportunidad de conocer las propuestas que plantea cada partido político en relación con nuestro Sector. Que no han sido demasiado ambiciosas, por cierto.
Decía Rafael Barbadillo hace algunas semanas que ésta ha sido la legislatura del transporte público, y probablemente tiene razón. Sobre todo, si nos fijamos en la cantidad de normativa que se ha desarrollado (incluso en el segmento de mercancías) y en el impulso que se ha dado al uso del transporte colectivo, sin contar con que, durante la pandemia, la movilidad fue uno de los ejes del debate público.
Una espina clavada
Pero queda clavada la espina de la Ley de Movilidad Sostenible. Hubiera sido la guinda del pastel, puesto que enmarcaba también la Ley de Financiación.
La mala noticia es que no ha podido concluir su trámite, y ahora tendremos que esperar al resultado de las urnas para conocer las intenciones del próximo Gobierno: retomarla o comenzar de cero. Esperemos que, sea quien sea el inquilino de Moncloa, aproveche todo el buen trabajo que se ha realizado por parte del Sector estos últimos años.
La buena noticia podría ser que se abre la puerta a mejorar su articulado. Algunas cuestiones que quedaron pendientes, como a qué segmentos se aplicará esa Ley de Financiación, podrían revisarse en favor de los intereses sectoriales. La posibilidad de liberalizar parcialmente el régimen concesional también está sobre la mesa, un asunto controvertido requiere ser afrontado con seriedad.
Será después del verano cuando todo esto vuelva a ponerse en marcha, y veremos entonces a qué velocidad lo hace y en qué dirección.
