El rechazo del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus traerá consecuencias directas en el sector del transporte y en los millones de usuarios que hasta ahora se beneficiaban de las bonificaciones en el transporte público. La votación negativa de PP, Vox y Junts ha tumbado la norma, que incluía, entre otras medidas, la prórroga de los descuentos en los abonos de Renfe, los billetes de autobuses estatales y las ayudas al transporte público de competencia autonómica y municipal.
A partir del 22 de enero, los usuarios ya no podrán adquirir nuevos abonos con descuentos, y los precios de los billetes de Cercanías, Media Distancia y autobuses interurbanos volverán a sus tarifas originales. Sin embargo, quienes ya hayan comprado su abono podrán seguir usándolo con las mismas condiciones, ya que se considera un derecho adquirido.
Impacto en los precios del transporte
Hasta ahora, los descuentos vigentes desde 2022 incluían una bonificación del 50% en el transporte urbano, metropolitano e interurbano, además de abonos gratuitos en Renfe para los trenes de Media Distancia y descuentos del 30% en los abonos multiviaje. Con la derogación de la norma, los precios volverán a sus niveles anteriores, lo que supondrá un incremento significativo para los viajeros habituales.
Por ejemplo, en Madrid, el abono mensual con descuento costaba 32,8 euros, permitiendo el uso ilimitado del transporte público en toda la región, incluidos los trenes de Cercanías. Sin la bonificación estatal, el precio vuelve a situarse en 82 euros.
Además, la paralización del decreto afecta directamente a los operadores de transporte, que verán una reducción en la demanda, ya que muchos viajeros optaban por los servicios ferroviarios gracias a los incentivos de precios reducidos. Esto podría traducirse en una menor ocupación en trenes y autobuses, afectando también a las empresas del sector.
Las autonomías, responsables del futuro de las ayudas
El Gobierno central había comprometido subvenciones del 30% a las comunidades autónomas y ayuntamientos para mantener las bonificaciones al transporte público, con la condición de que estas administraciones asumieran al menos otro 20% del coste. Con la derogación del decreto, cada autonomía deberá decidir si mantiene algún tipo de descuento con fondos propios o si se eliminan por completo.
Las administraciones locales ahora tienen la tarea de definir cómo gestionarán los abonos ya adquiridos y si implementarán ayudas complementarias para reducir el impacto en los ciudadanos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que los abonos comprados antes del 22 de enero seguirán siendo válidos con las mismas condiciones.
Reacciones y polémica política
El ministro Puente ha criticado duramente la postura del PP y Junts, calificándola de «irresponsabilidad» y acusándolos de perjudicar a los ciudadanos solo para debilitar al Gobierno. Según sus declaraciones, la oposición ha bloqueado un decreto que también incluía la revalorización de las pensiones y ayudas a los afectados por la DANA, lo que ha generado un gran malestar en el Ejecutivo.
Por su parte, desde la oposición justifican su rechazo argumentando que la norma incluía cuestiones controvertidas y que el Gobierno no buscó el consenso necesario para su aprobación. La falta de acuerdo deja en el aire no solo las ayudas al transporte, sino también otras medidas de gran impacto económico y social.
¿Qué pasará ahora?
El futuro de las bonificaciones al transporte es incierto. Para restaurarlas, el Gobierno deberá buscar nuevas vías legislativas, lo que podría tardar varias semanas o meses en resolverse. Mientras tanto, los viajeros deberán asumir el coste total de sus desplazamientos, lo que supone un golpe a la economía de miles de familias que dependen del transporte público para su día a día.
En el sector del transporte, este cambio supone un nuevo desafío para operadores de trenes y autobuses, que podrían experimentar una caída en la demanda, especialmente en las líneas más utilizadas por los viajeros recurrentes.
El impacto final dependerá de la respuesta de las comunidades autónomas y de si el Gobierno logra articular una nueva medida que permita mantener, al menos parcialmente, las ayudas al transporte público.
