La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha expresado su satisfacción ante el anuncio del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la reducción del periodo medio de pago (PMP) de las comunidades autónomas en 2,1 días durante el mes de junio. Esto sitúa la media en 27,62 días, un valor que se encuentra por debajo del límite de 30 días establecido por la normativa vigente. Según la PMcM, este avance es el resultado del esfuerzo de las administraciones por cumplir con los plazos de pago a sus proveedores, impulsado además por un aumento de la liquidez en sus cuentas.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha subrayado la importancia de este descenso en los plazos de pago por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, ha destacado que en el sector privado, los plazos continúan siendo problemáticos, lo que evidencia la necesidad urgente de la aprobación definitiva del Reglamento Europeo contra la Morosidad. Este reglamento marcará el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad de muchas empresas proveedoras, afirmó Cañete, añadiendo que su implementación sería un avance significativo en la lucha contra la morosidad en Europa.
Actualmente, el reglamento está en fase de negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Desde la PMcM instan a que el Consejo no obstaculice su aprobación para garantizar que millones de empresas en Europa puedan beneficiarse de esta medida. La normativa prevé sanciones para aquellas empresas que excedan los plazos de pago establecidos y contempla mecanismos de compensación de créditos en contratos públicos, además de prohibir el uso de medios de pago que alteren las condiciones de pago.
Nuevas normativas de reporting financiero para transparentar los plazos de pago
Mientras continúa el proceso de aprobación del reglamento contra la morosidad, la PMcM ha recordado que una reciente normativa de reporting financiero emitida por la Unión Europea ya permite conocer el plazo real de pago que sufren los proveedores que reciben confirming como medio de pago. Esta normativa, en vigor desde el 1 de enero, obliga a las empresas a detallar en sus memorias las condiciones de los acuerdos financieros con proveedores, revelando así los plazos y garantías en operaciones de confirming.
Gracias a esta normativa, los plazos reales de los confirming saldrán a la luz, permitiendo una mayor transparencia en el uso de este mecanismo, que, según Cañete, ha sido utilizado por entidades financieras para extender los plazos de pago de manera excesiva sin que sea evidente para los proveedores.
