La organización valora los avances del Consejo y el Parlamento Europeo, pero advierte de que la falta de un marco armonizado sobre compensaciones, responsabilidades y protección de operadores puede limitar la colaboración del transporte por carretera
Un paso adelante para la preparación y resiliencia europeas
La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha mostrado su satisfacción por los avances alcanzados por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo en las negociaciones para establecer un nuevo marco normativo sobre la movilidad militar en la UE, aunque reclama mejoras para garantizar una mayor seguridad jurídica y protección de los operadores civiles de transporte que participen en tareas logísticas durante situaciones de crisis.
‘Para la industria civil del transporte por carretera, este es un expediente esencial para apoyar las necesidades de transporte y logística en tiempos de crisis’
Las instituciones europeas han adoptado ya sus respectivas posiciones de negociación, allanando el camino para alcanzar un acuerdo definitivo bajo la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE. El objetivo de la futura regulación es facilitar el movimiento de recursos militares dentro del territorio europeo, reforzando la capacidad de respuesta y la resiliencia del continente ante escenarios de emergencia o conflicto.
Para IRU, la participación del sector privado del transporte por carretera será fundamental para garantizar el éxito de esta estrategia. En este sentido, Raluca Marian, directora de Defensa de la UE de IRU, destacó que la movilidad militar debe apoyarse en una relación de confianza mutua entre las autoridades y las empresas de transporte.
Diferencias entre Consejo y Parlamento
Aunque ambas instituciones comparten el objetivo de fortalecer la preparación europea, persisten diferencias significativas en aspectos clave del marco regulatorio. Una de las principales divergencias se centra en los derechos y obligaciones de los operadores civiles que colaboren con las autoridades militares.
Mientras que el Parlamento Europeo apuesta por un marco común más sólido a nivel comunitario, especialmente en materia de responsabilidad, indemnizaciones y compensaciones, el Consejo deja un mayor margen de actuación a los Estados miembros, lo que podría derivar en criterios distintos según cada país.
Desde IRU consideran que esta situación podría generar incertidumbre para las empresas de transporte, que se enfrentarían a diferentes niveles de protección jurídica dependiendo del Estado miembro en el que operen.
‘Si la UE quiere que los operadores civiles estén preparados en tiempos de crisis, debe proporcionarles la seguridad jurídica y la previsibilidad que una responsabilidad de este tipo requiere’
La organización también insiste en la necesidad de establecer reglas claras sobre responsabilidad, acuerdos contractuales y mecanismos de compensación económica, aspectos que considera insuficientemente desarrollados en las propuestas actuales.
Según Marian, la confianza entre las autoridades militares y los operadores civiles solo será posible si existe un sistema transparente que garantice un trato justo para todas las partes implicadas.
“Si la UE quiere que los operadores civiles estén preparados en tiempos de crisis, debe proporcionarles la seguridad jurídica y la previsibilidad que una responsabilidad de este tipo requiere”, afirmó.
IRU subraya además que las compensaciones no deberían limitarse únicamente al pago de los servicios prestados a las autoridades militares. La organización reclama que también se contemple la situación de aquellas empresas que puedan verse perjudicadas por la prioridad otorgada al transporte militar, lo que podría impedir temporalmente el desarrollo de su actividad comercial habitual.
El transporte civil, esencial también en tiempos de crisis
Otro de los puntos que preocupa a IRU es la falta de avances para armonizar las normas aplicables al transporte militar y al transporte civil subcontratado por las fuerzas armadas. La organización alerta de que las diferencias en aspectos como las exenciones a las restricciones de circulación o la aplicación de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso pueden convertirse en obstáculos operativos.
Además, recuerda que incluso durante escenarios de crisis militar, el transporte civil sigue siendo imprescindible para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, productos energéticos e insumos industriales, elementos fundamentales para mantener la actividad económica y social.
Por ello, la organización considera que la resiliencia europea depende tanto de la capacidad para movilizar recursos militares como de preservar el funcionamiento de las cadenas de suministro civiles.
IRU pide una normativa más equilibrada
La asociación continuará colaborando con el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea para lograr una regulación que combine las necesidades de defensa con la viabilidad económica del sector del transporte por carretera.
Para IRU, una movilidad militar eficaz requiere un marco homogéneo, transparente y basado en la confianza, que garantice compensaciones justas, responsabilidades claramente definidas y protección suficiente para los operadores civiles que contribuyan a reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante futuras crisis.
“La compensación justa por los servicios prestados y las salvaguardias para los operadores afectados por las prioridades militares son la base de una colaboración sólida y eficiente”, concluyó Raluca Marian.
