En los últimos meses, las protestas de agricultores en Europa han desatado el caos en las cadenas logísticas, obstruyendo rutas cruciales y desatando violencia contra camiones y cargamentos. Las repercusiones para los conductores y las empresas de transporte han sido enormes, lo que ha provocado llamados urgentes a la compensación y la intervención gubernamental.
‘Los conductores solo intentan hacer su trabajo’
Estas protestas tienden a bloquear autopistas, fronteras, centros de distribución y puertos para interrumpir el transporte, por lo que los conductores quedan atrapados durante períodos prolongados, privados de necesidades básicas como comida y agua, mientras que los productos enfrentan importantes retrasos en la entrega. Por tanto, desde IRU han instado a las autoridades de la Unión Europea y de los distintos países afectados a tomar medidas para mantener operativas las rutas comerciales y de movilidad.
«Ya basta. Los conductores y transportistas solo intentan hacer su trabajo, que consiste en llevar alimentos y otros artículos de primera necesidad a los mercados de toda Europa», afirmó Raluca Marian, directora de defensa de IRU en la UE. «Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no a amenazar a los conductores, atacar camiones y destruir propiedades. Y si se producen costosos retrasos, ataques y destrucción, alguien debe pagar por ello».
Pérdidas de 100 euros cada hora
El costo financiero para los conductores y operadores atrapados por estos bloqueos es sustancial, con un promedio de alrededor de 100 euros por hora. Esta carga afecta desproporcionadamente a los conductores propietarios y a las pequeñas y medianas empresas de transporte, con pérdidas económicas acumulativas que ya alcanzan millones de euros.
«Si los gobiernos no cumplen su función protectora, tienen que pagar por los daños. Nadie más lo hará. Los transportistas necesitan procesos sencillos y transparentes para reclamar indemnizaciones», concluyó Marian.
A medida que las interrupciones persisten y las tensiones aumentan, la urgencia para que los gobiernos aborden estas quejas y proporcionen reparación a los operadores de transporte afectados se vuelve cada vez más apremiante.
