La organización plantea dos medidas prácticas para facilitar la inversión en vehículos cero emisiones: más acceso a infraestructura de carga y mayor previsibilidad financiera para los operadores
IRU ha publicado dos nuevos documentos de posición dirigidos a la Unión Europea en los que reclama un marco más claro para la recarga semipública en cocheras y un plazo máximo de 30 días para el pago de los servicios de transporte por carretera. Ambas propuestas buscan responder a dos condiciones prácticas que los operadores necesitan para invertir en vehículos e infraestructuras de cero emisiones: acceso fiable a la recarga y liquidez previsible.Los documentos recogen las recomendaciones de IRU para la revisión del Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos, AFIR, y para abordar el problema de la morosidad en el transporte por carretera. La organización subraya que estas dos barreras afectan directamente a la capacidad de los operadores para planificar, financiar y ejecutar inversiones en plena transición hacia flotas de cero emisiones.
Recarga en cocheras con reglas claras
En su documento sobre la revisión del AFIR, IRU pide una definición europea de la recarga semiprivada en cocheras, entendida como aquella infraestructura que los operadores de transporte deciden poner voluntariamente a disposición de terceros usuarios.La organización defiende que los operadores deben mantener la libertad de decidir si abren o no sus cocheras a otros usuarios. Al mismo tiempo, reclama reglas claras a escala europea que animen a quienes sí quieran hacerlo a contribuir a una red complementaria de recarga para vehículos cero emisiones.
Para IRU, este tipo de infraestructura puede resultar especialmente útil en un momento en el que el transporte por carretera necesita puntos de recarga adaptados a la realidad operativa del sector. No basta con instalar cargadores: deben estar donde los vehículos los necesitan, en horarios compatibles con la actividad y con condiciones que permitan planificar los servicios sin sobresaltos.La directora de IRU para la Unión Europea, Raluca Marian, ha señalado que los operadores de transporte están invirtiendo en la transición hacia flotas cero emisiones mientras afrontan altos costes iniciales, márgenes ajustados y una presión operativa creciente. “Necesitan acceso fiable a una recarga que funcione para sus operaciones y pagos previsibles por los servicios que ya han prestado”, afirmó.
Pagos en 30 días para proteger la inversión
IRU recuerda que la infraestructura de recarga es solo una parte de la ecuación. Los operadores también necesitan un flujo de caja estable para renovar flotas, adoptar nuevas tecnologías y cumplir con las exigencias regulatorias.La organización advierte de que los retrasos en los pagos golpean especialmente a las pymes y microempresas del transporte, que suelen contar con menor capacidad de negociación y menos colchón financiero. Según cifras de la Comisión Europea citadas por IRU, el 60% de las empresas afirma que no invierte en soluciones innovadoras debido a la morosidad.
Por ello, IRU reclama un plazo máximo de 30 días naturales para el pago de los servicios de transporte por carretera, tanto en operaciones entre empresas como en contratos públicos, sin excepciones. Cualquier procedimiento de aceptación o verificación debería quedar incluido dentro de ese límite máximo y no podría utilizarse para retrasar el pago.“Estos son los requisitos que los operadores necesitan para planificar e invertir, ayudando a que la transición sea escalable sobre el terreno”, señaló Marian al referirse al marco para la recarga en cocheras y al pago a 30 días.
La responsable europea de IRU insistió además en que la liquidez no es un asunto administrativo menor para una empresa de transporte. “Puede determinar si una compañía invierte en nueva tecnología e innovación, y en los conductores y el personal que hacen posible cada servicio”, afirmó.Marian añadió que la financiación pública ayuda y es bienvenida, pero recordó que los operadores también necesitan recursos propios para invertir. “Un operador financieramente sano es aquel al que se paga a tiempo por el trabajo que ya ha realizado”, concluyó.
Con estas propuestas, IRU sitúa el debate europeo en dos aspectos muy concretos de la transición energética del transporte: la infraestructura que permite operar los vehículos cero emisiones y la salud financiera que hace posible comprarlos. Sin ambas condiciones, advierte la organización, la descarbonización corre el riesgo de quedarse en un objetivo difícil de trasladar al día a día de las empresas.
