El nivel de comprensión de las necesidades de los distintos grupos de usuarios varía considerablemente de un Estado miembro a otro, se indica en el trabajo, añadiendo que dada la ausencia de marcos políticos que integren las necesidades de los distintos usuarios del transporte, éstos experimentan incoherencias en el uso del transporte (por ejemplo, entre modos o entre regiones). La falta de un enfoque político más estructurado también impide el desarrollo de redes sofisticadas de representantes de los usuarios.
Recomendación
Ante el reto descrito, la propuesta es identificar las lagunas con respecto a la inclusión y la equidad de los diferentes grupos de usuarios del transporte al revisar los marcos políticos y jurídicos existentes, algo que incluye la evaluación de dónde deben adoptarse medidas más estrictas (por ejemplo, requisitos o normas reglamentarias) para garantizar que se atienden las necesidades de los distintos usuarios, y dónde podrían elaborarse y comunicarse medidas más flexibles (por ejemplo, plantillas u orientaciones políticas).
Llevar a cabo este ejercicio podría realizarse a todos los niveles (UE, Estado miembro, regional) en los que se diseñan y aplican las políticas de Transporte. Su objetivo sería mejorar la concienciación y la comprensión por parte de los responsables políticos de la dimensión social del transporte y de las necesidades de los distintos usuarios, así como proporcionarles las herramientas (en forma de normas u orientaciones específicas) para tenerlas en cuenta en su trabajo.
Cuando la introducción de medidas más estrictas no esté justificada, en particular por parte de las autoridades de más alto nivel (es decir, a nivel de los Estados miembros o de la UE), éstas podrían desarrollar medidas más suaves que ayuden a los profesionales de niveles inferiores a adoptar un enfoque estructurado y más uniforme (por ejemplo, entre modos o regiones).
Para finalizar, el papel de la Comisión Europea en este proceso debería centrarse en promover la inclusión y la equidad de los diferentes grupos de usuarios del transporte, por ejemplo, mediante orientaciones pertinentes para los requisitos políticos y reglamentarios al revisar los marcos políticos y jurídicos existentes. Los beneficios incluirían unos resultados mejores y más coherentes para los diferentes usuarios del transporte, concluye este apartado.
