En España, las empresas apenas matriculan vehículos eléctricos, mientras que los particulares lideran tímidamente la transición.
Esta situación pone de relieve una clara debilidad en las políticas fiscales dirigidas al tejido empresarial, donde se carece de mecanismos efectivos que favorezcan la compra de vehículos de cero emisiones. A pesar de que las empresas representan el mayor volumen de matriculaciones de vehículos en España, las cifras de penetración de eléctricos en este canal no alcanzan el 5 %, muy lejos de lo deseable.
El informe GTG 2025, elaborado por Transport & Environment, evidencia que la falta de una estrategia fiscal diferenciada para el ámbito empresarial no solo ralentiza la transición ecológica, sino que también supone una oportunidad perdida para acelerar el cambio tecnológico en uno de los segmentos clave del mercado. Frente a ello, la reforma de figuras como la retribución en especie, la deducción del IVA o el propio impuesto de matriculación se presenta como una necesidad urgente para nivelar el terreno de juego.
Los datos de 2024 muestran un patrón preocupante: el canal de empresa apenas representa el 4,5 % de las matriculaciones de vehículos eléctricos en España, frente al 7,2 % del canal particular. Esta cifra contrasta con la realidad de países como Portugal, donde el canal empresa lidera con un 21 % frente al 15,2 % del particular.
Falta de incentivos fiscales
Esto se debe, en gran medida, a la falta de incentivos fiscales para empresas, como deducciones del IVA, amortizaciones específicas o beneficios en la retribución en especie. En Portugal, estas ventajas fiscales están bien definidas y han sido clave para fomentar la electrificación empresarial.
En España, la normativa sobre retribución en especie no se actualiza desde 2015 y sigue incluyendo beneficios para vehículos de gasolina y diésel, lo que neutraliza cualquier ventaja competitiva para los eléctricos. Esta falta de actualización frena la renovación de las flotas corporativas.
Revisar esta normativa sería un primer paso para que las empresas españolas puedan liderar la transición hacia una movilidad eléctrica, como ya ocurre en buena parte de Europa. Sin un marco fiscal atractivo, es difícil que el sector privado avance en sostenibilidad al ritmo que requiere el contexto climático y normativo actual.
