En su introducción, se explica la iniciativa desde la óptica de que «reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la velocidad y escala necesarias para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y los compromisos adquiridos en el European Green Deal exigirá una profunda transformación del sistema energético«.
Para tener éxito en dicha empresa, «la transición energética tiene que ser socialmente justa y equitativa. Aunque dicha transición representa una oportunidad en términos de creación neta de empleo para los países importadores de combustibles fósiles, también puede afectar de manera desproporcionada a los hogares vulnerables«.
Se entiende en el análisis que dichos hogares vulnerables «tienen más dificultades para aprovechar las oportunidades de la transición energética debido a la falta de acceso a la financiación, a la información o las infraestructuras, y esto podría socavar la aceptabilidad pública de las medidas. Así, debido a la creciente preocupación por los posibles efectos sociales de las reformas necesarias, instituciones como la Comisión Europea están proponiendo medidas para paliar los efectos adversos sobre la población vulnerable».
Por ejemplo, el Fondo Social para el Clima (FSC) tiene como objetivo mitigar los posibles efectos adversos que puedan generar algunas medidas del paquete ‘Fit for 55’ sobre los colectivos vulnerables. Así, para que estas y otras políticas similares tengan el efecto esperado, «es necesario tener identificados desde el principio a dichos grupos vulnerables y a dimensión que representan en la sociedad».
Si bien, en los últimos años, se ha prestado una atención creciente a la identificación de los grupos vulnerables a la pobreza energética, una situación en la que los hogares no pueden acceder a servicios y productos energéticos esenciales en sus viviendas, «la investigación aún no ha hecho suficiente hincapié en otra dimensión de la pobreza energética, como es la asociada al transporte o la movilidad«.
Cada vez más relevante
De hecho, «la pobreza relacionada con el transporte es cada vez más relevante, debido a varios factores. En primer lugar, una parte significativa de la factura energética de un hogar se dedica a transporte. Así, en la UE de los 27, el 49,5% del total de la factura energética de los hogares se dedica a combustible o servicios de transporte (datos de 2015)».
En segundo lugar, la pobreza en el transporte puede «limitar el acceso a necesidades básicas, como la educación, el trabajo, la sanidad o a participar plenamente de la sociedad».
Y, en tercer lugar, «las emisiones del transporte por carretera no han dejado de crecer en las últimas décadas, por lo que las políticas fiscales o regulatorias estarán cada vez más dirigidas a abordar la descarbonización de ese Sector«.
