El Tribunal Supremo reconoce a las compañías como únicas legitimadas para reclamar la devolución y deja fuera a transportistas y consumidores
La polémica está servida. El Ministerio de Hacienda podría terminar devolviendo más de 5.000 millones de euros a las petroleras por el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos vigente entre 2013 y 2018, pese a que dicho gravamen fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así lo advierte Fenadismer tras conocerse la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión .
El fallo, fechado el pasado 21 de enero y hecho público recientemente, establece que las petroleras son las únicas legitimadas para solicitar la devolución del impuesto, negando esa posibilidad a los consumidores finales, tanto particulares como profesionales, a diferencia de lo que ocurrió en su día con el conocido “céntimo sanitario” .
El Supremo reprocha la pasividad de Hacienda
El origen del conflicto se remonta a mayo de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos que estuvo en vigor entre 2013 y 2018. Este tributo había sustituido al impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos —el denominado céntimo sanitario—, que también fue anulado años antes por la justicia europea .
Sin embargo, a diferencia de aquel precedente, el Tribunal Supremo ha determinado ahora que el derecho a recuperar el importe recaudado corresponde exclusivamente a las petroleras, por ser quienes tributaron formalmente el impuesto .
La sentencia recrimina además la actitud del Ministerio de Hacienda por no acreditar que las compañías trasladaron el impuesto a los consumidores. Según recoge el fallo, no fue objeto de debate ni de prueba el supuesto reembolso por repercusión económica a los adquirentes, carga que correspondía a la Administración .
Transportistas y consumidores, sin devolución
El resultado práctico de esta decisión judicial podría ser, según FENADISMER, que las petroleras reciban la devolución íntegra de lo recaudado —más de 5.000 millones de euros— mientras que transportistas y demás consumidores no recuperen nada, pese a haber soportado el coste real del impuesto .
La organización recuerda que ya había recomendado cautela hasta conocer el pronunciamiento del Supremo, ante el riesgo de que la situación no fuera equiparable a la del céntimo sanitario. Ahora, los “peores presagios” se habrían confirmado, generando —según denuncian— una situación de posible enriquecimiento injusto.
El debate jurídico y económico está abierto. Lo que parece claro es que la resolución del Alto Tribunal marca un antes y un después en la interpretación de este impuesto y deja en el aire la posibilidad de que miles de profesionales del transporte no puedan recuperar las cantidades que, en la práctica, asumieron durante seis años.
