Los datos correspondiente al mes de Junio de 2021 del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España que elabora mensualmente Fenadismer, evidencian el incumplimiento sistemático de las empresas cargadoras e intermediarios que contratan a los transportistas, lo que motiva la aprobación de la Ley régimen sancionador que tramita el Parlamento.
En el último mes, los plazos de pago en el sector se incrementaron a 87 días de media, incumpliendo la Ley de morosidad un 73 % de los clientes de los transportistas, de los que un 22% pagaron a más de 6 meses, que serán sancionados con multas de hasta 30.000 euros en caso de reincidencia una vez se apruebe la nueva Ley.
Durante estos casi 10 años de estudio sobre la evolución de los plazos de pago en el sector del transporte por carretera, se ha venido constatando cada mes un incumplimiento escandaloso y sistemático de los plazos máximos de pago por parte de las empresas cargadoras y operadores logísticos e intermediarios que contratan a los transportistas, las cuales imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad, basando de este modo su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estos grandes grupos empresariales.
Así, en cuanto a los medios de pago que se utilizan para pagar a sus transportistas, durante el mes de Junio pasado las modalidades más habituales continúan siendo por este orden la trasferencia (45%), seguido del confirming (39%), el pagaré (16%) y el cheque (<1%).
Plazos de pago
En este sentido, el proyecto de Ley para establecer un régimen sancionador, que en la actualidad se encuentra en el Senado, aunque no se espera que sea tramitada hasta después del verano, además de las sanciones económicas de hasta 6.000 euros ya recogidas en la vigente Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, introduce una nueva sanción agravada para aquellas situaciones reincidentes más abusivas en materia de plazos de pago, en concreto, en aquellos casos en que se considere que la conducta afecta significativamente a la capacidad y a la solvencia económica del acreedor o se haya superado en más de 120 días el plazo máximo legal de pago, estableciendo para ellos una sanción de hasta 30.000 euros, que en base a la situación actual en materia de pagos en el sector del transporte de mercancías por carretera sería impuesta a un 22% de los cargadores y operadores logísticos que contratan transporte en España.
