La organización valora la reacción de la Abogacía del Estado contra la sentencia del Supremo y reclama que cualquier devolución llegue a los transportistas, verdaderos pagadores del impuesto
Reacción de Hacienda ante un posible impacto millonario
Fenadismer ha valorado positivamente la reacción del Ministerio de Hacienda para intentar frenar lo que considera un “enriquecimiento injusto” de las petroleras, tras la presentación por parte de la Abogacía del Estado de un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que reconocía a una petrolera el derecho a recuperar 155 millones de euros por el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos declarado ilegal.
La Federación considera que este movimiento supone una rectificación necesaria por parte del Ejecutivo, después de haber denunciado meses atrás la pasividad de la Administración ante una resolución que, según advirtió, abría la puerta a devoluciones superiores a los 5.000 millones de euros a las principales compañías energéticas.
La reacción de Hacienda reabre el debate sobre quién debe recibir las devoluciones derivadas de impuestos declarados ilegales, en un asunto con importantes implicaciones económicas para el Estado y para miles de profesionales del transporte
La sentencia del Supremo generó una fuerte controversia al permitir que las petroleras reclamaran devoluciones por un impuesto que, según denuncia Fenadismer, no soportaron ellas sino los transportistas y consumidores finales. Para la organización, el recurso promovido ahora por la Abogacía del Estado refleja que el Gobierno ha tomado conciencia del impacto económico y jurídico que podría tener esa interpretación.
Desde la Federación se insiste en que permitir que las petroleras recuperen esas cantidades supondría un doble cobro injustificado, ya que el impuesto fue repercutido en el precio del combustible y asumido por quienes repostaron durante los años afectados.
Además, recuerdan que el Tribunal Supremo había cuestionado a Hacienda por no acreditar adecuadamente que las compañías trasladaron el gravamen a los consumidores, una omisión que, a juicio del sector, dejaba en una posición de indefensión a los verdaderos perjudicados.
Los transportistas reclaman ser los legítimos beneficiarios
Fenadismer sostiene que cualquier devolución derivada de la ilegalidad del denominado céntimo sanitario debe dirigirse a los profesionales del transporte y a los consumidores, y no a las petroleras.
La Federación considera que la actuación de Hacienda puede frenar una operación de enorme impacto para las arcas públicas y para la equidad tributaria, al tiempo que refuerza una reivindicación histórica del sector: que sean resarcidos quienes realmente soportaron el sobrecoste durante seis años.
“Es una cuestión de justicia tributaria”, subrayan desde la organización, que considera inaceptable que se produzca un agravio comparativo en favor de las grandes compañías energéticas.
El proceso entra ahora en una fase decisiva, ya que será el Tribunal Supremo quien deba decidir si admite los argumentos planteados por la Abogacía del Estado y revisa el criterio fijado en la sentencia.
Fenadismer ha mostrado prudencia pese a valorar este paso como una victoria de la coherencia institucional y ha anunciado que seguirá vigilante durante todo el proceso judicial para defender los intereses de los transportistas.
Un debate clave para el sector y la justicia fiscal
La reacción de Hacienda reabre el debate sobre quién debe recibir las devoluciones derivadas de impuestos declarados ilegales, en un asunto con importantes implicaciones económicas para el Estado y para miles de profesionales del transporte.
Para Fenadismer, el incidente de nulidad presentado puede marcar un punto de inflexión para evitar que las petroleras obtengan un beneficio millonario que consideran improcedente, y para que el resarcimiento llegue finalmente a quienes soportaron el coste real del impuesto.
