Las compensaciones se otorgan por la ejecución en régimen de obligaciones de servicio público durante 2020. Esta cantidad se une a los 1.9 millones que ya se han abonado este año a través de los contratos vigentes, por lo que en total habrá una compensación de 7.3 millones.
Con esta medida se compensa tanto el déficit estructural de las líneas regulares como el que se ha generado, de forma coyuntural, por los efectos derivados de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 que conllevó la adopción, en aras de la salud pública, de medidas como la limitación de la libertad de circulación de las personas y la reducción de la oferta de servicios de transporte público de viajeros por carretera a través de un servicio de transporte a la demanda, desde el 30 de marzo hasta el 21 de junio de 2020.
Esto supuso una minoración relevante y significativa de la demanda de usuarios del transporte público durante la vigencia del primer estado de alarma de 2020, aunque la tendencia en el uso del transporte regular interurbano es favorable desde la finalización de ese primer estado de alarma y en noviembre se sitúa en un 62% con respecto a situaciones de normalidad.
A través de esta compensación, con extensión de sus efectos a 2021, se pretende garantizar la continuidad del transporte en la región, especialmente en aquellos enclaves en los que se hace patente una necesidad de comunicación de poblaciones que, por su ubicación, densidad demográfica y dificultad de accesibilidad a otras localidades consideradas centros prestadores de servicios, debe ser atendida y satisfecha a través del transporte público. De esta manera, se afianza la vinculación de la ciudadanía con el territorio y se combate así la despoblación de las zonas rurales.
