Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS), quien ha comenzado su intervención destacando la importancia del autobús en el sector turístico, esencial en la creación de riqueza y en la generación de empleo, y clave para garantizar la movilidad sostenible de los turistas.
En este sentido, ha señalado que aporta lo que otros no pueden: capilaridad e intermodalidad. Recorremos diariamente 8.000 poblaciones, conectamos prácticamente todo el territorio español. Con el autobús, el turista puede conocer el extenso y rico patrimonio de nuestro país y acceder a zonas donde no es posible llegar de otro modo. A continuación, ha puesto en valor todas las medidas de apoyo al sector y políticas de descuentos que se han aplicado al transporte público en autobús, tanto durante la pandemia, para poder mantener la movilidad de todos aquellos profesionales que, sin el autobús, no hubieran tenido forma de desplazarse, como posteriormente, para ayudar a recuperar la demanda de viajeros. Esta ha sido la legislatura del transporte público, ha destacado.
Sobre las infraestructuras, ha insistido en la necesidad de sistemas más abiertos a la intermodalidad, así como de inversión en las estaciones de autobuses, las cuales están descuidadas desde hace décadas. Con una inversión de entre dos y tres millones de euros, en las estaciones de las capitales de provincias y de los núcleos de población de más de 100.000 habitantes, que supondría un coste de entre 120-180 millones de euros, beneficiaríamos a 650 millones de viajeros al año. Se ha invertido en el vehículo, pero no en infraestructura, la experiencia del usuario está incompleta.
Ha continuado poniendo en valor el modelo concesional español, el cual hace que tengamos el mercado de transporte por carretera más desarrollado de toda Europa. Un modelo único que garantiza la estabilidad tarifaria, la capilaridad, así como un empleo y un servicio de calidad. Para concluir, Rafael Barbadillo ha recordado que la Ley de Desindexación de la Economía está condicionando, entre otras, la negociación colectiva. Esta situación está generando la pérdida de rentabilidad de los contratos, por el fuerte aumento de costes y las limitaciones impuestas en la revisión de los contratos.
