A principios de octubre, la Comisión Europea dio luz ver a una reforma que permitía a España renunciar a su compromiso de implementar un sistema de pago por uso en las autopistas y autovías a partir de 2024. Esta práctica, muy común en el resto del continente, formaba parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), pero el ejecutivo consiguió no tener que aplicarla para poder dar continuidad a la tendencia que ha vivido nuestro país desde 2018, momento desde el cual se ha ido viviendo una progresiva eliminación de estas tarifas.
‘Es importante considerar las implicaciones a largo plazo’
No obstante, este cambio plantea dudas sobre la viabilidad a medio y largo plazo del sistema de infraestructuras viarias de alta capacidad en España en un contexto en el que el mundo se enfrenta a la urgencia de reducir las emisiones de carbono y priorizar medios de transporte más sostenibles. La eliminación de peajes en autopistas puede tener un impacto negativo en los avances alcanzados hasta el momento, pues desde su supresión se ha observado un incremento del tráfico que se ha traducido en un incremento de emisiones, de la accidentalidad y de la congestión. Además, la inversión en alternativas de transporte sostenible, como el transporte público, podría verse afectada negativamente si el Estado debe desviar recursos económicos al mantenimiento de autopistas y autovías.
Así lo considera al menos Ana Solá, CEO de Cinesi, que ha mostrado su preocupación con respecto a este tipo de decisiones: «La eliminación de peajes en autopistas puede parecer una medida popular, pero es importante considerar las implicaciones a largo plazo en términos de sostenibilidad económica y ambiental, así como de equidad territorial. Para garantizar un futuro más sostenible y equitativo, es esencial que el debate sobre el financiamiento de infraestructuras viales continúe» comentó.
Cinesi, consultora movilidad y transporte con más de 25 años de experiencia, destaca además que el transporte ferroviario y marítimo de mercancías sí paga peajes y tasas por utilizar las vías y los puertos, de modo que los esfuerzos para trasvasar parte del transporte de mercancías por carretera a modos más sostenibles como el ferrocarril también pueden verse afectados por esta medida.
