Es el momento de las explicaciones, de los proyectos y de las promesas, de convencer a la población de que el programa propio es mejor que el ajeno. Pero eso no debería conceder carta blanca a los candidatos para hacer/decir lo que les convenga, sobre todo si no piensan cumplirlo a posteriori.
Repasando aquellas cuestiones relacionadas con el transporte público y la movilidad que se enarbolaron en la campaña electoral previa a las elecciones de 2019, resulta casi indignante el nivel de incumplimiento detectado. No entraremos en detalles ni en colores, ni en territorios, pero algunas de estas cuestiones tienen que ver con las zonas de bajas emisiones que iban a desaparecer y siguen vigentes, la eliminación de las emisiones, el impulso a los carriles reservados o la proliferación de aparcamientos disuasorios. Por mencionar apenas algún ejemplo.
En saco roto
Salvo honrosas excepciones, promesas que han caído en saco roto, como demuestra el hecho de que vuelven a tener presencia en los programas políticos de los partidos, a excepción de la ZBE, que han pasado de ser un opcional a venir ‘de serie’.
¿Por qué todo vale? ¿Cuál es la razón para que no se exijan responsabilidades sobre las palabras dadas y los compromisos adquiridos? ¿Por qué los ciudadanos de cualquier ciudad tienen que ver (y esto viene sucediendo con cualquier color político) cómo la confianza que han depositado a través de sus votos es traicionada? Y, lo que quizá es más importante, ¿existe alguna vía para que esto no vuelva a suceder?
Por favor, candidatos y candidatas a las inminentes elecciones municipales y autonómicas: no prometan aquello que no puedan (o pretendan) cumplir. Gracias por adelantado.
