ATUC advierte del aumento de costes y la urgencia de un modelo de financiación estable ante la transición ecológica
El transporte público en España se enfrenta a un punto de inflexión histórico. Así lo ha puesto sobre la mesa la Asociación de Empresas de Transporte Público Urbano y Metropolitano (ATUC), que cifra en más de 12.000 millones de euros anuales las necesidades del sector hasta 2030 para afrontar la transformación hacia un modelo más sostenible y eficiente.Durante la rueda de prensa celebrada el 2 de junio, la organización ha presentado el informe elaborado junto a Analistas Financieros Internacionales (AFI), en el que se detalla el impacto económico de los cambios normativos, tecnológicos y de demanda que ya están en marcha.El estudio evidencia que el sistema requerirá 8.800 millones de euros anuales en costes operativos y 3.300 millones en inversiones, en un contexto en el que se prevé un incremento del 44% en los costes del servicio.
Este aumento responde a varios factores: mayor demanda, más complejidad tecnológica y la necesidad de renovar flotas hacia vehículos sin emisiones. Y es que el transporte público no solo mueve cada año cerca de 4.800 millones de viajeros, sino que además se ha convertido en una pieza clave para cumplir los objetivos climáticos del país.A ello se suma el impulso del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que plantea trasladar un 35% de los desplazamientos en vehículo privado al transporte público antes de 2030, lo que implicará un crecimiento del 36% en el autobús y del 50% en el metro.
Uno de los mensajes más claros del sector es la necesidad de una mayor implicación del Estado. Actualmente, la Administración Central solo aporta alrededor del 5% de la financiación, una cifra que ATUC considera insuficiente.La propuesta pasa por elevar esta contribución hasta el 25%, a través del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO), un instrumento recogido en la futura Ley de Movilidad Sostenible y que aún está pendiente de desarrollo normativo.Este fondo permitiría establecer un sistema más equilibrado entre Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y usuarios, garantizando una financiación estable para un servicio que, como se subraya, es tan esencial como la sanidad o la educación.
El reto de la descarbonización
La transformación del sector está estrechamente ligada a la transición energética. Las normativas europeas obligan a que, entre 2026 y 2030, al menos el 65% de los vehículos adquiridos sean limpios, lo que supone un salto importante respecto a los niveles actuales.
Hoy, la flota sigue dominada por tecnologías diésel y gas (69%), frente a un 13% de vehículos de cero emisiones, lo que evidencia el esfuerzo que aún queda por delante.En este contexto, ATUC apunta al sistema europeo de comercio de emisiones (ETS2) como una posible fuente de financiación. La propuesta es destinar parte de su recaudación a cubrir las inversiones necesarias, lo que podría alcanzar hasta un 90% de cobertura en el escenario más favorable.
Más allá de los desafíos, el sector ve en este momento una oportunidad. Según destacó el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “la ventana 2026-2030 no es solo un horizonte de obligaciones, sino una oportunidad para consolidar un modelo de financiación estable, coherente y previsible”.El mensaje final es claro: sin una arquitectura financiera sólida y coordinada entre administraciones, será difícil sostener el crecimiento y la transformación del transporte público.En un escenario de mayor demanda, presión climática y cambios tecnológicos, el futuro del sistema pasa, inevitablemente, por garantizar su financiación y reforzar su papel como servicio esencial para la sociedad.
