Todo se basa en el nuevo Reglamento europeo sobre tiempos de conducción y descanso, incluido en el Paquete de Movilidad aprobado a mediados de 2020. Tal y como informa Fenadismer, en su articulado recoge la posibilidad de que los Estados incorporen excepciones al uso del tacógrafo en islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados (todas las islas españolas a excepción de Mallorca).
El Gobierno no ha escuchado al sector insular, que ahora quiere hacerse oír más fuerte
Sin embargo, el pasado mes de Septiembre, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 729/2022 de actualización de las actividades de transporte por carretera exceptuadas de la utilización del aparato tacógrafo, introduciendo nuevas excepciones en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero no en los territorios insulares, haciendo oídos sordos a las voces que desde Canarias y Baleares se alzaron para solicitarla.
El Real Decreto mantiene la regulación anterior de exceptuar sólo a las islas aquellas que no superen los 250 kilómetros de superficie, esto es, sólo una décima parte de lo que prevé la normativa europea, lo que en la práctica deja únicamente excluida a la isla de Formentera, continúan desde la Federación.
Los participantes
Por todo ello, las federaciones y asociaciones de transportistas de ambos archipiélagos, y promovida por Fenadismer, llevaron a cabo un primer encuentro con la participación de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), la Asociación de Transportistas de Canarias (Astracan), la Asociación de Transportistas de Ibiza (Pimeef) y la Asociación de Transportistas de Menorca (Astrame).
No es nueva
Todas las organizaciones asistentes a la reunión han coincidido en la necesidad de establecer una regulación diferenciada para el uso del tacógrafo en las islas, al entender que su exigencia como al resto de los transportes realizados en la Península resulta de imposible cumplimiento y motiva la imposición injustificada de sanciones a los transportistas insulares, según las entidades.
El siguiente paso será plantear a sus respectivos Gobiernos autonómicos, así como a los Gobiernos de cada una de las islas, una propuesta consensuada para exigir una regulación diferenciada del uso del tacógrafo en sus territorios, para que a su vez sea trasladada al Gobierno central para su posterior tramitación y aprobación legal.
