Son 77 las que dependen de la Administración General del Estado, generan unos ingresos de unos 350 millones al año y se explotan en exclusividad a través de concesiones de obligaciones de servicio público (OSP). La Dirección General de Transporte Terrestre activa en este contexto el referido proceso de manifestación de interés sobre la concurrencia en el mercado de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera. Al proceso se ha invitado a las empresas que componen el sector del transporte público por carretera, así como todas aquellas interesadas en desarrollar parte de su actividad en el sector, contemplan las bases.
En España hay, según datos que maneja la asociación Confebus, 2.700 empresas del autobús y un millar de ellas se reparten las 1.400 concesiones existentes entre las del Estado y Comunidades Autónomas. Transportes sigue trabajando en un nuevo mapa concesional del servicio regular de autobús en lo que toca a las líneas que dependen de la Administración General del Estado.
El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, revisado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre, incluye el nuevo modelo de transporte de viajeros por carretera y regula una eventual apertura a la libre competencia de estos servicios de titularidad estatal (artículo 50).
En la tarea de supervisión de este texto legal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó en junio de 2022 impulsar la liberalización de líneas de más de 100 kilómetros, tal y como apunta la Comisión Europea, poniendo el foco en el interés del viajero, mayores opciones de elección y la esperada competencia en precios. Las rutas de titularidad estatal tienen a Alsa, Avanza y Samar como grandes concesionarias.
En los últimos años ha sido incesante la presión de la asociación de empresas de transporte discrecional Anetra, o del nuevo entrante Flixbus, para que el servicio entre grandes ciudades pudiera prestarse en libre competencia. Fuentes del sector dan por descontado el interés de medianas empresas dedicadas al transporte discrecional por los corredores rentables y de alta demanda, también de operadoras de concesiones autonómicas. Es decir, si las citadas Alsa, Avanza o Samar están dispuestas a competir entre ellas en los mismos corredores.
