Por ello, el Gremio de Transportes y Logística de Cataluña insta al Gobierno que apruebe lo antes posible la nueva regulación española de control a los transportistas extranjeros deslocalizados que operan en nuestro país y exigir que los conductores de transporte internacional (incluidas las operaciones de cabotaje) perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado.
Las flotas de transporte de los países del Este de Europa siguen controlando casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en España.
Regulación legal obligatoria y necesaria
Los representantes del Transporte y la Logística han estado reclamando, de manera insistente en los últimos años, la necesidad de establecer una regulación en España que permita controlar la situación de competencia desleal que en los últimos años viene soportando el sector, basado en la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la Unión Europea con menores costes de explotación de la actividad.
Esto ha ocasionado un impacto muy negativo para el tejido empresarial de transporte a nivel estatal (básicamente pequeñas empresas) por la actuación insolidaria que en los últimos años están llevando a cabo grandes empresas de transporte que se están deslocalizando los países del Este de Europa, despidiendo a sus trabajadores en España, con los únicos efectos de aprovecharse de los menores costes fiscales y laborales, para de esta manera poder competir en mejores condiciones en el mercado de transporte internacional español en el que continúan operando.
Esto además trae como consecuencia un grave perjuicio a las arcas públicas por la no tributación de sus actividades así como la indeseable destrucción de empleo que tal actuación abusiva genera.
Decreto Ley 7/2021
En este sentido, el Consejo de Ministros celebrado este pasado martes 27 de Abril ha aprobado el Decreto Ley 7/2021 por el que se actualiza la Ley española sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, en transposición de una Directiva Europea aprobada en 2018.
Sin embargo, este Decreto Ley, que permite un mejor control de los trabajadores de empresas extranjeras que operan en España no es aplicable al sector del transporte por carretera, debido a que por sus características especiales debe ser objeto de una regulación específica que fue incluida en el nuevo Paquete de Movilidad europeo aprobado el pasado mes de julio y que el Gobierno debe también transponer al ordenamiento interno.
La nueva regulación recogida en el Paquete de Movilidad persigue como objetivo luchar contra la competencia desleal que ejercen las empresas situadas preferentemente en los países del Este de Europa, que trabajaban hasta ahora con total impunidad amparados del mercado único europeo de transporte, ocasionando en los últimos años un gravísimo daño a las empresas transportistas de nuestro territorio, de ahí la necesidad de que el Gobierno español apruebe lo antes posible esta regulación, la cual deberá estar en vigor como fecha límite antes de febrero de 2022, sin que hasta hoy haya ningún rastro sobre su tramitación.
Una vez aprobada la regulación española, permitirá luchar mejor contra las denominadas empresas buzón y la competencia realizada por empresas de transporte sujetos a condiciones salariales más ventajosas, al exigir esta regulación que los conductores de transporte internacional (incluidas las operaciones de cabotaje) perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado.
Competencia desleal del Este
Para tener una idea clara de la gravísima competencia desleal que sufren los transportistas en España, sólo hay que tener presentes los preocupantes datos sobre la presencia de las flotas de transporte de los países del Este de Europa en el transporte español, que continúan controlando casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país, según consta en el Estudio sobre transporte internacional de mercancías por carretera que anualmente elabora el Ministerio de Transportes.
En concreto, en el último año en las importaciones de mercancías por carretera hacia España, las flotas procedentes de los países del Este de Europa transportaron un 28% del total, siendo especialmente significativo un año más el crecimiento experimentado por las empresas rumanas y lituanas. En cuanto a las exportaciones españolas, las flotas de los países del Este controlaron un porcentaje similar, en concreto un 27,2% del total de mercancías transportadas, con gran presencia igualmente de las empresas lituanas, que en este último año se han situado por encima de las rumanas y de las búlgaras.
A pesar de que el origen de las mercancías con destino a España no son precisamente los países del Este de Europa, las flotas de transporte domiciliadas en estos países transportan de manera desproporcionada las mercancías importadas en nuestro país, y como consecuencia también las exportaciones desde España , lo que evidencia claramente que se tratan de empresas deslocalizadas a los únicos efectos de obtener menores costes fiscales y laborales, pero sin ninguna actividad real en estos países. En este sentido, la desproporción existente en las flotas de transporte de los referidos países en relación al origen de la mercancía transportada en toneladas transportadas es la siguiente: Bulgaria 23,91T, Lituania 21,22T y Rumanía 8,30T.
Tal presencia no sólo se produce en el transporte internacional español, sino que cada vez hay mayor presencia de las flotas procedentes de estos países en el transporte interior dentro de España (lo que se denomina cabotaje), a pesar de ser de los países de la Unión Europea más alejados de nuestro territorio. Así es especialmente significativa, una vez más, la actividad desarrollada en el transporte nacional español por las flotas domiciliadas en Rumanía, habiendo crecido un 31% sólo en el último año, lo que le ha permitido escalar hasta la 1ª posición en el ranking de empresas extranjeras que operan en España. De hecho, las empresas rumanas realizaron el 32% de todo el transporte de cabotaje realizado en España, desplazando a las empresas portuguesas. Asimismo, según consta en el Estudio elaborado por el Ministerio de Transporte, es destacable un año más el crecimiento de las flotas lituanas en el transporte nacional en España, en concreto un incremento del 46% respecto del año anterior, situándose por detrás de las empresas polacas y búlgaras, que ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente.
Por ello, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, de la que el Gremio de Transportes es miembro activo, ha solicitado formalmente al Ministerio de Trabajo que inicie lo antes posible la tramitación de la modificación legal de la actual regulación sobre desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte, que exigirá que los conductores de transporte internacional comuniquen previamente su desplazamiento en el país de acogida, garantizando sus empresas que perciben el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado, evitando de esta manera las situaciones de dumping social que se producen en la actualidad, con salarios hasta ocho veces inferiores a los percibidos en España.
