Tras ver con buenos ojos el proyecto, entre los principales objetivos destacan: configurar un sistema de transporte integrado y coordinado, priorizando el transporte público y optando por medios que consuman combustibles alternativos; proporcionar una oferta de transporte público que garantice la accesibilidad universal; implantar medidas disuasorias del uso del vehículo privado promoviendo la movilidad activa; potenciar la intermodalidad en el transporte de personas y de mercancías, a partir de una red de transporte público y de centros logísticos integrada y coordinada; y contribuir a la mejora del medio ambiente y la seguridad y salud de la ciudadanía, reduciendo la contaminación atmosférica y acústica, el consumo de energía, así como los efectos derivados del cambio climático.
El proyecto incluye planes de movilidad en los centros de trabajo
Por otro lado, Arriola destacó que la Ley ofrece la posibilidad de que actores como diputaciones forales y ayuntamientos utilicen la fiscalidad y otros instrumentos de política económica para ayudar en el cumplimiento de las pautas establecidas en la presente ley. Y en este sentido, determina que las administraciones públicas podrán establecer en el ámbito de sus competencias, entre otras, las siguientes medidas fiscales y financieras: la creación de tasas, cánones o el establecimiento de gravámenes sobre las ya existentes; la creación de tributos u otros instrumentos fiscales que desincentiven determinadas actividades que vayan en detrimento de los objetivos de esta ley; o el establecimiento de reducciones, bonificaciones o exenciones para actividades que fomenten actuaciones que tengan por finalidad cumplir con los objetivos de esta ley, matizó.
Por tanto, la medida hace hincapié en el fomento de los desplazamientos activos (a pie o en bicicleta), el fomento del transporte público en lugar del coche privado, la interoperabilidad de los títulos de transporte público en un único espacio, la integración de los sistemas de transporte multimodal, el fomento de los viajes en tren y la promoción de viajes sostenibles.
Por otro lado, integra los derechos y obligaciones de los ciudadanos, su participación en el desarrollo de los planes de transporte o la obligación de las ciudades de considerar el impacto de sus acciones urbanísticas en el transporte sostenible. El objetivo es reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia un sistema de transporte intermodal que proporcione a las personas transporte público. Estas medidas prevén un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes puedan ser plenamente interoperables en todos los modos de transporte del País Vasco.
Fiscalidad del Transporte
Confebus informa que también se aborda el tema del impuesto al transporte, abriendo la posibilidad de utilizar esta y otras herramientas de política económica para contribuir con flujos sostenibles a los consejos provinciales y municipales. Más específicamente, estas disposiciones incluyen la posibilidad de promulgar medidas fiscales y fiscales para disuadir actividades que violen la movilidad sostenible, tales como derechos, tasas o cargos, impuestos y bonificaciones. Al mismo tiempo, ofrezca descuentos o exenciones para métodos de envío ambientalmente racionales.
Con ello se pretende poner en práctica el concepto de movilidad activa, el impulso de los desplazamientos a pie y en bicicleta, el proyecto incorpora la obligatoriedad de que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios residenciales incluyan espacios para este medio de transporte.
Finalmente, el texto muestra la necesidad que existe de llevar a cabo planes de movilidad sostenible bien a nivel autonómico, provincial o ambos; con una vogencia de 10 años. Aquello municipios de más de 5.000 habitantes también deberán contar con estos documentos las Diputaciones colaborarán con los Ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes a la hora de realizarlos-.
