El objetivo es garantizar que los municipios cumplan con la Ley de Cambio Climático
La convocatoria, abierta este jueves, da plazo hasta el 30 de abril para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos soliciten adherirse al nuevo régimen de bonificaciones, que destinará 878 millones de euros en la segunda mitad del año. Solo podrán acceder a estos fondos las ciudades que cuenten con una ZBE plenamente operativa, lo que implica no solo una normativa municipal en vigor, sino también zonas delimitadas, restricciones efectivas de circulación y un sistema de sanciones activado. No será suficiente con haber aprobado una ordenanza o realizar pruebas sin aplicar multas, una estrategia que algunos ayuntamientos han utilizado para aparentar cumplimiento sin imponer restricciones reales al tráfico.
El objetivo del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, es garantizar que los municipios que recibieron fondos europeos para implementar las ZBE cumplan con la Ley de Cambio Climático. A pesar de los plazos y advertencias, en enero de 2023 solo 20 de las 150 ciudades obligadas habían implantado estas zonas. Ni la prórroga concedida ni la posibilidad de tener que devolver las ayudas europeas han servido como incentivo, lo que ha llevado al Gobierno a utilizar la financiación del transporte público como medida de presión.
355 millones para descuentos
Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, el régimen de bonificaciones al transporte público cambiará su estructura. Hasta ahora, el descuento mínimo del 50% era universal, pero a partir de esta fecha se aplicarán rebajas diferenciadas por edad.
El Ministerio de Transportes destinará 355 millones de euros a cubrir el coste total de los abonos gratuitos para menores de 14 años y a subvencionar con un 50% de descuento los abonos joven y los títulos multiviaje. Cada comunidad autónoma tendrá la potestad de definir el rango de edad que se considerará dentro de la categoría «joven» para aplicar este descuento.
