El Gobierno aprobó este martes 28 de enero un nuevo Decreto-Ley Ómnibus que, para sorpresa del sector, no ha incluido ninguna medida tributaria, lo que afecta directamente a los transportistas acogidos al régimen de módulos. La falta de regulación ha generado incertidumbre, dejando en el aire la continuidad de más de 30.000 transportistas autónomos que iniciaron el año bajo unas condiciones fiscales que han sido modificadas sin previo aviso.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado que esta situación deja a miles de transportistas en un «limbo jurídico», ya que iniciaron el ejercicio fiscal con la expectativa de acogerse al régimen de módulos, pero ahora podrían quedar excluidos sin una alternativa clara.
Una prórroga esperada que no llegó
El Decreto-Ley Ómnibus aprobado a finales de diciembre incluía una prórroga del límite de facturación para que los transportistas autónomos pudieran seguir acogidos a los módulos en 2025. Sin embargo, tras la no convalidación de este decreto en el Congreso el pasado 22 de enero, la prórroga quedó derogada, reduciendo el umbral de facturación permitido y expulsando, de facto, a miles de autónomos de este régimen tributario.
Desde Fenadismer se esperaba que en el nuevo decreto aprobado el 28 de enero se volviera a incluir esta prórroga. No obstante, según la federación, la exclusión de esta medida se debe a un acuerdo con Junts, lo que ha dejado a los transportistas en una situación de incertidumbre fiscal.
Incertidumbre y falta de seguridad jurídica
La principal preocupación del sector es que estos cambios afectan a un ejercicio fiscal ya iniciado, obligando a los transportistas a adaptarse a una nueva situación tributaria sin margen de maniobra. Ante esta problemática, Fenadismer ha solicitado explicaciones al Ministerio de Hacienda para que aclare cómo se resolverá esta situación y garantice la seguridad jurídica de los transportistas afectados.
El sector del transporte, que ya enfrenta numerosos desafíos en términos de costes operativos, regulación y presión fiscal, se encuentra ahora con una nueva barrera que podría suponer la salida de muchos autónomos del mercado. Desde las asociaciones profesionales exigen una respuesta urgente por parte del Gobierno para evitar que esta situación tenga un impacto aún mayor en la viabilidad de miles de empresas de transporte en España.
