El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado, a iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), las subvenciones nominativas a favor del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de las Autoridades del Transporte Metropolitano de Barcelona y Valencia, y de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a financiar el transporte terrestre público regular de viajeros en sus respectivos ámbitos de actuación.
El importe total de las subvenciones nominativas autorizadas es de 321,7 millones de euros, con el siguiente desglose:
– A favor del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 126,89 millones de euros.
– A favor de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, 109,3 millones de euros.
– A favor de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, 38 millones de euros.
– A favor de la Comunidad Autónoma de Canarias, 47,5 millones de euros.
Cada año, el Estado colabora en la financiación del transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares que se caracterizan por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.
Mitma como nuevo gestor de estas subvenciones al transporte
La gestión de estas subvenciones a partir de este año es un elemento novedoso para Mitma, a la que también se sumarán las subvenciones por concurrencia competitiva a favor de Entidades Locales para financiar servicios de transporte colectivo urbano, que hasta 2020 estaban siendo gestionadas por el Ministerio de Hacienda.
Este cambio de gestión se justifica en el cambio de enfoque en el que está inmerso el Ministerio, desde la visión clásica de un departamento constructor de infraestructuras a un ministerio gestor de la movilidad, entendida como un derecho de los ciudadanos y un elemento de cohesión social y de crecimiento económico.
En este sentido, la concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios, de forma que la financiación estatal actúa, además, como un incentivo para el despliegue de este instrumento de ordenación y planificación.
