La Comisión de Transportes aprueba una hoja de ruta a diez años que fija como objetivo que al menos el 50 % de la flota sea de emisiones cero antes de 2035.
La Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados ha aprobado un ambicioso programa de inversiones de 12.600 millones de euros en un periodo de diez años para acelerar la electrificación de la flota de autobuses y autocares interurbanos en España. La proposición no de ley, impulsada por Junts, salió adelante con los únicos votos en contra de Vox.
Del total previsto, entre 4.800 y 5.600 millones de euros deberán proceder del sector público, mientras que el resto corresponderá a inversión privada, en una apuesta decidida por transformar el transporte interurbano hacia modelos más sostenibles.
Objetivo 2035: al menos el 50 % de la flota con emisiones cero
La meta fijada por la iniciativa parlamentaria es clara: que antes de 2035, como mínimo la mitad de los autobuses y autocares interurbanos sean de emisiones cero. Se trata de un paso relevante dentro del proceso de descarbonización del transporte por carretera.
La propuesta también contempla la posibilidad de que las administraciones amplíen los plazos de las concesiones vigentes hasta el año 2039. El objetivo es dar margen a los concesionarios para cumplir los compromisos de renovación de flota y adaptación tecnológica sin comprometer la viabilidad económica de los servicios.
Un programa plurianual con ayudas y apoyo a pymes
El texto aprobado insta al Gobierno a poner en marcha, durante el primer trimestre de 2026, un Programa Plurianual de Renovación de Flotas y Ampliación de Servicios. Este deberá establecer criterios objetivos tanto para su desarrollo como para la concesión de ayudas.
Las ayudas podrán materializarse en forma de subvenciones directas o financiación diferida, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte significativa del tejido empresarial del transporte interurbano.
Con esta iniciativa, el Congreso marca una hoja de ruta que combina inversión pública y privada, seguridad jurídica para los concesionarios y objetivos medioambientales ambiciosos. El reto ahora será concretar el programa y garantizar que la transición hacia una flota más limpia se traduzca en un transporte más eficiente, sostenible y competitivo.
