El comparador online de seguros de coche Kelisto acaba de publicar que, durante el tercer trimestre, los precios crecieron un 27% en el tercer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que las tarifas que reciben las empresas de auxilio en carretera lo hicieron en un 8%.
Este desequilibrio es recibido por la Alianza de Auxilio en Carretera con preocupación y disgusto, dado que la subida de las pólizas no se traslada aguas abajo en la cadena logística de valor del auxilio en carretera.
Lucha constante
En comparación con el segundo trimestre del año, las pólizas de coche subieron un 10%, según la mencionada plataforma. Por su parte, las empresas de auxilio en carretera han experimentado sólo unos incrementos tarifarios medios del 8% durante los tres trimestres de 2023, lo que explica, entre otras cosas, el suspenso otorgado en la valoración de los intermediarios (aseguradoras, plataformas de asistencia y autoclubes automovilísticos) que refleja la segunda Encuesta trimestral del sector de auxilio en carretera, como publicábamos hace unos días.
A juicio de la Alianza, todo esto se está traduciendo en una grave incidencia en la calidad del servicio, que se degrada mes a mes y que lastra a las empresas de grúas, quienes están sufriendo pérdidas que impiden su viabilidad.
Regulación para 2024
El comportamiento de aseguradoras y otros intermediarios supone un tiro en el pie a medio plazo para calidad del servicio y la seguridad vial, lo que va a relegar a España a puestos tercermundistas en lo que al auxilio en carretera se refiere, advirtió el portavoz de la Alianza, Xavier Martí, quien considera que es imprescindible que para 2024 las tarifas que estas empresas pagan a las empresas de grúas se incrementen en rangos similares a los del sector asegurador, si no queremos ver una escalada de la conflictividad en nuestro sector, como una vía ante ruinas y cierres.
También se recuerda desde la Alianza que, pese a los beneficios millonarios del sector asegurador, ninguna de las compañías que operan en España cumple (más un año después de su entrada en vigor) con la legislación sobre indexación de los incrementos de los precios de los carburantes, por lo que la Alianza se encuentra también estudiando acciones jurídicas para hacer valer los derechos que las leyes reconocen a las empresas de auxilio.
