La asociación celebra la paralización cautelar del concurso y propone dividirlo en lotes para garantizar la libre competencia
Un modelo que favorece a grandes operadores
Direbús ha solicitado a Renfe Viajeros iniciar un nuevo proceso de licitación tras la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), una decisión que la asociación considera clave para proteger a la mayoría de empresas del transporte de viajeros por carretera. La organización empresarial, que agrupa a más de 700 compañías principalmente pymes, entiende que el actual procedimiento deja fuera a gran parte del sector.
Direbús propone una licitación por lotes como alternativa más justa y habitual en la administración pública, permitiendo así que empresas de menor tamaño puedan optar a parte de los servicios
La asociación denuncia que las condiciones actuales del concurso limitan la participación a grandes empresas, al exigir un mínimo de 300 vehículos para poder concurrir. Según su presidente, Alfonso Taborda, la mayoría de las empresas asociadas operan con flotas de entre 20 y 60 vehículos, lo que imposibilita su acceso al proceso. Esta situación, subrayan, genera un desequilibrio competitivo y favorece a un reducido grupo de operadores.
En este contexto, Direbús propone una licitación por lotes como alternativa más justa y habitual en la administración pública, permitiendo así que empresas de menor tamaño puedan optar a parte de los servicios. La organización considera que este modelo garantizaría una mayor concurrencia y una distribución más equitativa de las oportunidades dentro del sector.
Paralización cautelar y próximos pasos
La decisión del TARC de paralizar cautelarmente la licitación ha sido recibida como un “paso clave” para evitar perjuicios graves al sector. Esta medida bloquea temporalmente la adjudicación del contrato mientras se analiza el fondo del recurso presentado por Direbús, que fue la primera entidad en impugnar el proceso por considerar que los pliegos eran restrictivos.
De cara al futuro, los servicios jurídicos de la asociación continuarán defendiendo los intereses de sus asociados, sin descartar acudir a instancias nacionales y europeas. El objetivo es asegurar que cualquier nuevo procedimiento respete los principios de libre competencia y permita la participación real de todo el tejido empresarial del transporte.
