La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una investigación para localizar a los responsables de la vandalización de siete radares situados en carreteras convencionales de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. La entidad ha presentado denuncias ante la Guardia Civil y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los autores, dado que estos hechos constituyen un delito de daños tipificado en el Código Penal.
Un delito con graves consecuencias legales y económicas
Según los artículos 263 a 267 del Código Penal, estos actos pueden conllevar penas de prisión de 1 a 3 años y multas de hasta 24 meses si se considera que se ha actuado con la intención de impedir el libre ejercicio de la autoridad. Además, los responsables deberán asumir el coste de los dispositivos destruidos, que asciende a 67.000 euros por radar fijo y 66.000 euros en el caso de los radares de tramo.
Desde la DGT han alertado de que estos actos no solo afectan al patrimonio público, sino que también ponen en riesgo la seguridad vial, ya que estos controles de velocidad cumplen una función esencial para prevenir accidentes de tráfico.
Refuerzo de vigilancia y nuevas medidas de seguridad
Para evitar nuevos episodios de vandalismo, la Guardia Civil de Tráfico y los agentes de Seguridad Ciudadana han reforzado la vigilancia en los tramos donde están instalados estos dispositivos. Además, la DGT ha anunciado la colocación de cámaras de vigilancia conectadas a sus Centros de Gestión, lo que permitirá una rápida intervención en caso de sabotajes.
La importancia del control de velocidad en la seguridad vial
De acuerdo con el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, entre el 10% y el 15% de los accidentes y el 30% de los siniestros mortales están relacionados con una velocidad excesiva o inadecuada. Por ello, organismos internacionales recomiendan a los países europeos seguir reforzando el uso de radares para reducir la siniestralidad en carretera.
La DGT ha reiterado su compromiso con la seguridad vial y ha advertido que seguirá persiguiendo cualquier intento de sabotaje o destrucción de equipamiento destinado a la reducción de accidentes. Con la implantación de medidas de vigilancia más estrictas, las autoridades buscan garantizar el correcto funcionamiento de estos dispositivos y evitar que la siniestralidad en las carreteras se vea agravada por este tipo de actos delictivos.
