¿Debería ser obligatorio para los PSV vender billetes a través de terceros? Este mandato ya figura en la legislación nacional de algunos países, como es el caso de Finlandia o Francia. En Finlandia, la Ley de Servicios de Transporte prevé que debe haber razones bien justificadas para negarse a negociar o celebrar un acuerdo relativo a la apertura de interfaces de venta de billetes. Del mismo modo, la Loi d’orientation des mobilités (LOM) francesa establece que las plataformas MaaS tienen derecho a acceder a los canales de venta de los proveedores de servicios de movilidad sin derecho a negarse, en este caso con la condición de que el proveedor de servicios de movilidad disponga de un canal de venta digital.
Varias partes interesadas (por ejemplo, OEPM, MOVE EU, UTP, CER, IATA) opinaron que la firma de un acuerdo comercial debería seguir siendo voluntaria. En tal caso, los agentes de MDMS (tanto los proveedores de servicios como los proveedores de MDMS) deberían ser libres de elegir con qué otras partes se comprometen o no. En algunos casos, la distribución a través de terceros no se considera viable, por ejemplo en el caso de una empresa local de autobuses que sólo vende billetes a través del conductor del autobús. Por lo tanto, una obligación general de suministrar billetes a través de terceros, sin tener en cuenta el contexto, puede no ser viable, ya que los pequeños PTO y PTA pueden no tener los recursos para cambiar completamente sus sistemas para adaptarse a tal obligación a corto plazo.
Por otra parte, tanto desde el punto de vista del usuario final como desde la perspectiva de los distribuidores, y con el respaldo de AllRail, lo ideal sería que un MDMS pudiera mostrar (y distribuir, en una ventanilla única) todos los servicios de transporte pertinentes, siempre que fuera posible de puerta a puerta, ya que los viajes sin interrupciones hacen realmente de la multimodalidad una opción más cómoda y atractiva, necesaria para fomentar un cambio modal. Asimismo, MOVE EU apoya la distribución de billetes de transporte público a través de plataformas de viajes a domicilio, lo que, en su opinión, podría cambiar las reglas del juego para ofrecer a los consumidores una movilidad sin fisuras, holística y diversa.
Para garantizar que se respeten los intereses legítimos de los operadores de transporte, la cooperación con los gestores de transporte multimodal debería tener lugar en el marco de acuerdos negociados, en los que también se abordarían, por ejemplo, la responsabilidad, la seguridad y otras cuestiones contractuales. En algunos sectores (como el transporte aéreo) ya existen acuerdos de este tipo. Los acuerdos de licencia y distribución deben respetar los principios FRAND, que deben aplicarse a todas las partes. La forma de poner en práctica estos principios es una cuestión abierta que requiere más debate.
Problemas
Entre los problemas señalados por los distribuidores figuran los siguientes: algunos operadores (dominantes) retienen contenidos (tarifas más bajas, servicios complementarios, datos en tiempo real) de los canales de distribución indirecta; añaden recargos a dichos canales (sobre todo los grandes operadores); niveles de comisión insosteniblemente bajos; les imponen restricciones de comercialización (por ejemplo, restricciones a la venta a través de metabuscadores u otros sitios web de comparación de precios, restricciones a la oferta de marcas, restricciones a la oferta de descuentos).
Entre los problemas señalados por los operadores figuran: la falta de disponibilidad de billetes en formato digital (interoperable); la necesidad de equilibrar las comisiones cobradas a los MDMS, que mermarían sus reducidos o inexistentes márgenes de beneficio; el deseo de seguir controlando el precio que deben pagar los usuarios finales; la pérdida de contacto directo con los clientes para ofrecer un mejor servicio; la existencia de distribuidores con una visión, unos valores y unas estrategias empresariales muy diferentes, incompatibles con la visión y los objetivos políticos propios de los PTO o PTA; el uso por parte de algunos distribuidores de prácticas dudosas que engañan a los clientes y dañan la reputación de los PTO.
